PANAMÁ.- El Gobierno de Panamá informó hoy que la constructora brasileña Odecrecht aceptó su decisión de poner fin a la concesión de la hidroeléctrica Chan II, un proyecto en el oeste del país que aún no se ha iniciado e involucra más de 1,000 millones de dólares.
El ministro de Economía y Finanzas (MEF), Dulcidio De La Guardia, aseguró este viernes que recibió de la constructora brasileña la comunicación oficial en la que expresa su acuerdo con «la hoja de ruta planteada por el Gobierno (para) la terminación de la concesión».
Añadió que las partes acordaron iniciar «la próxima semana las negociaciones formales» de las condiciones presentadas por el Estado en un escrito enviado a Odebrecht la semana pasada, «para ya dar por terminada la concesión».
Tras estallar el escándalo de los sobornos de la constructora brasileña, el Gobierno del presidente panameño, Juan Carlos Varela, anunció varias medidas contra la empresa, entre ellas la cancelación de la concesión de Chan II sin coste para el Estado.
El Estado panameño, a través de la estatal Empresa de Generación Eléctrica (Egesa), suscribió en junio de, 2014 un contrato con Odebrecht para construir el proyecto hidroeléctrico Changuinola II o Chan II (Bocas del Toro, Caribe), con coste de 1.049 millones de dólares.
El Departamento de Justicia de EEUU difundió en diciembre pasado un informe según el cual Odebrecht pagó sobornos por unos 788 millones de dólares en 12 países de América Latina y África, incluido Panamá, donde entre el 2009 y 2014 desembolsó 59 millones.
Odebrecht pagará a Panamá 59 millones de dólares por caso de sobornos
El Gobierno de Varela anunció el mismo diciembre pasado que Odebrecht estaba vetada para participar en nuevas concesiones mientras fuera investigada en Panamá y hasta tanto resarza al Estado.
También dijo que intentará que Odebrecht concluya de forma satisfactoria las grandes obras que construye en Panamá, entre ellas la Línea 2 del Metro, algo que la empresa y principal contratista del Estado panameño garantizó en un comunicado oficial.
La constructora, que emplea a unas 8,000 personas en Panamá, se comprometió además a pagar al Estado «los primeros 59 millones de dólares» en concepto de fondo de garantía, según anunció el Ministerio Público, que investiga a 17 personas por su supuesta vinculación con las coimas, incluidos dos hijos y un hermano del expresidente Ricardo Martinelli (2009-2014).
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