ASUNCIÓN/Paraguay.- Tras difundirse audios de un esquema de corrupción a gran escala dentro del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, la unidad de Delitos Económicos y Anticorrupción, abrió proceso penal contra el Fiscal General del Estado, Francisco Javier Díaz Verón.
El pronunciamiento se realizó el mismo día en que quedó al descubierto la pérdida de poder del presidente, Horacio Cartes, en el Parlamento, tras el rechazo en ambas Cámaras al veto parcial que el Ejecutivo dio al Presupuesto General de la Nación 2018, uno de sus principales hombres, el Fiscal General Francisco Javier Díaz Verón
La denuncia contra del Fiscal, por presunto enriquecimiento ilegal y tráfico de influencias, ya había sido presentada formalmente en octubre del 2017 por la Coordinadora de Abogados del Paraguay (Coapy) luego de que el diario ABC revelara el tremendo salto económico de Díaz Verón y su esposa, María Selva Morínigo (también funcionaria pública) tuvieron a poco más de 4 años de haber llegado al cargo de Fiscal General.
De acuerdo a las denuncias, de andar en transporte público y con una vida ajustada, hoy el matrimonio ostenta vehículos de alta gama, posee una estancia de 8,000 hectáreas en el Chaco (Región Oriental) valuada en casi 3’000,000 de dólares, a la cual se gestiona ante el Indert (institución agraria del Estado) anexar otras 1,000 hectáreas y varias miles de cabezas de ganado, incluyendo animales de pedigree por un valor aproximado a los 200,000 dólares.
La empresa Salty River también forma parte del patriomonio del matrimonio Díaz – Morínigo que logró amasar una gran fortuna en muy poco tiempo.
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Según la denuncia del matutino guaraní, en el 2009 se constituyó la empresa familiar Lagunitas S.A. con un capital de casi 1.000.000 de dólares, siendo ésta la propietaria del establecimiento ganadero.
Figura como presidenta de Lagunitas S.A. la suegra del Fiscal, María Selva Apolonia Vargas, sin antencedentes laborales y con prontuario policial por abigeo y emisión de cheques sin fondo. Como vicepresidente de la sociedad aparece el cuñado, Zenon Morínigo con un tendal de demandas e inhibiciones por deudas que casualmente no prosperan ante la justicia.
Al fiscal Díaz Verón y su esposa se les adjudica igualmente el delito de tráfico de influencias para ubicar a cargos públicos a parientes, amigos, vecinos, compañeros de los hijos y hasta expersonal de servicio como las hermanas Lorenza Matorra Palma, Liliana Matorra Palma y Celina Matorra Palma, todas exdomésticas de la familia nombradas sin concurso en el Ministerio Público. (ECHA – Agencias)