ASUNCIÓN (Paraguay).- La formación de izquierda Frente Guasu decidió este miércoles sumarse a las iniciativas opositoras para promover un juicio político contra el mandatario Mario Abdo Benítez y el vicepresidente Hugo Velázquez ante la crisis política que envuelve al Gobierno de Paraguay por un acuerdo energético con Brasil.
El Frente Guasu, del senador y expresidente Fernando Lugo, informó en un comunicado que los causales para ese juicio político serán por mal desempeño de funciones, traición a la patria y tráfico de influencias.
En el comunicado se llama «a la unidad de todos los sectores sociales y políticos para exigir a todos los diputados y senadores que voten a favor del juicio político y a la movilización ciudadana en todos los distritos del país».
«Pedimos esto (el juicio político) porque ahí claramente está establecida en la Constitución nacional el mal desempeño de funciones y esto se resume en una alta traición a la patria que ha ocurrido con el acta», dijo a los periodistas Carlos Filizzola, presidente del Frente Guasu.
«No puede ser que actúen a favor de Brasil y estén cediendo derechos de Paraguay las dos máximas autoridades», dijo Filizzola en relación a Abdo Benítez y Velázquez.
«Vamos a movilizarnos y a hablar con otros sectores sociales y políticos, de manera que se convierta tanto a nivel legislativo como en las calles del país en una causa nacional», añadió el político.
Antes de la resolución del Frente Guasu, el presidente del Partido Liberal, Efraín Alegre, anunció, tras reunirse con otros representantes de formaciones opositoras, que promoverán la iniciativa para un juicio político, también contra Abdo Benítez y Velázquez, del Partido Colorado.
Alegre explicó que además mañana presentarán ante la Fiscalía acciones penales contra todos los implicados en ese pacto, firmado en mayo.
Anunció también movilizaciones para este viernes por parte de partidos y organizaciones sociales para lograr un escenario que transite hacía nuevas elecciones.
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La crisis política que sufre el Gobierno estalló la pasada semana tras conocerse la firma de un acuerdo de compra de energía a través de la represa de Itaipú, compartida por Paraguay y Brasil.
La oposición denunció su carácter secreto, ya que se conoció este mes, cuando el acuerdo se firmó en mayo, y lo tildó de «entreguista», al considerar que era lesivo para los intereses de Paraguay.
La crisis se agrandó hoy tras la informaciones de que un presunto asesor de Velázquez habría influido para que las negociaciones de ese acuerdo excluyeran un punto que permitiría a la estatal eléctrica paraguaya vender energía a empresas brasileñas desde la hidroeléctrica de Itaipú.
Las presiones de la oposición provocaron una cadena de dimisiones el lunes, entre ellas las del canciller Alberto Castiglioni y los directores del lado paraguayo de Itaipú y el presidente de la estatal eléctrica (ANDE).
Las renuncias se dieron pese a que un día antes Castiglioni anunció que el acuerdo quedaba sin efecto.
Sin embargo, las consecuencias del acuerdo están cercando al Gobierno de Abdo Benítez, en el poder desde el pasado 15 de agosto.
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