ASUNCIÓN (Paraguay).- La Conferencia Episcopal Paraguaya (CEP), reunida en asamblea, respaldó este martes el rechazo de parte de la ciudadanía y de la oposición contra un polémico acuerdo energético con Brasil, que derivó en la mayor crisis del Gobierno de Mario Abdo Benítez, del Partido Colorado.
La firma el 24 de mayo en Brasilia de un acta de compra de energía de Paraguay de la represa de Itaipú, compartida con Brasil, desató la polémica en el país luego de que el documento fuera divulgado la semana pasada entre acusaciones de la oposición de ser lesivo con los intereses nacionales.
Al rechazo se unieron legisladores, en medio amenazas de juicio político a Abdo Benítez, quien se vio obligado a dejarla sin efecto y a aceptar las renuncias del canciller, Luis Alberto Castiglioni, y del embajador en Brasil, Hugo Saguier.
A esas dimisiones siguieron las del director del lado paraguayo de la hidroeléctrica, José Alberto Alderete, y de Alcides Jiménez, titular de la Administración de Electricidad de Paraguay (ANDE).
En ese sentido, los obispos paraguayos exigieron en un comunicado «que se aclare, transparente todo lo actuado hasta el momento y se asuma, en consecuencia, las responsabilidades emergentes de un hecho que ha generado una importante crisis en las esferas políticas del país».
Recuerdan que todo lo relacionado con la hidroeléctrica de Itaipú, la mayor del mundo después de la china Tres Gargantas, así como la renegociación de su aprovechamiento a partir de 2023, cuando finalizará su contrato de construcción de 1973, «es sensible y estratégico» para Paraguay.
La CEP aplaudió además «el gesto patriótico del pueblo, que implica estar informado e interesado por el bien común, garantía de salvaguarda de la soberanía nacional».
El controvertido documento firmado en Brasilia establece un cronograma de compra hasta el 2022 en condiciones desventajosas para la distribuidora eléctrica estatal paraguaya, que se verá obligada a reajustar sus tarifas, según sus detractores.
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En ese sentido, la CEP incide en el texto que ese «tipo de acuerdos y negociaciones sean realizados con alto nivel de patriotismo, participación y socialización, con personas «competentes, con fuertes convicciones éticas y patrióticas».
El acuerdo provocó la primera crisis política del Gobierno de Abdo Benítez, que este 15 de agosto cumple un año desde que asumió la jefatura del Estado tras ganar las elecciones de abril del 2018.
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