BARCELONA/España.- El pleno del Parlamento de Cataluña debatirá hoy y aprobará previsiblemente la ley que posibilitaría convocar un referéndum sobre la independencia de esta región española, que tanto el gobierno como el Tribunal Constitucional consideran ilegal.
En medio de una gran bronca, los grupos parlamentarios separatistas forzaron hoy un cambio en el orden del día del pleno para que se debata y vote la propuesta legislativa que regularía el referéndum, con la oposición de los partidos contrarios a la independencia, que carecen de mayoría.
La sesión plenaria está transcurriendo de manera accidentada, con interrupciones y varios enfrentamientos dialécticos entre la presidenta del Parlamento, Carme Forcadell, y los portavoces de los partidos contrarios a la independencia, que tratan de impedir que se tramite la ley.
Previamente la Mesa del Parlamento (órgano de dirección legislativa) había admitido a trámite la iniciativa legislativa, promovida por JxSí (coalición de centroderecha e izquierda republicana que gobierna Cataluña) y los independentistas radicales de la CUP.
Estos dos partidos son los que también votaron a favor de cambiar el orden del día del pleno, ya que disponen de mayoría absoluta en la cámara parlamentaria.
Aunque el secretario general del Parlamento catalán, Xavier Muro, dio órdenes de no publicar la proposición de ley en el boletín oficial del Parlamento catalán, se hizo finalmente con el aval de Junts pel Sí (JxSí), que es el grupo mayoritario.
La Secretaría General del Parlamento es el órgano superior de la administración parlamentaria, mientras que la persona que ostenta este cargo es el jefe de personal y de los servicios del Parlamento y cumple funciones de asesoramiento de la Mesa y la Junta de Portavoces.
El presidente de Gobierno español, Mariano Rajoy, promoverá hoy ante el Tribunal Constitucional (TC) un incidente de ejecución de sentencia para paralizar las decisiones del Parlamento catalán encaminadas hacia la convocatoria de un referéndum en Cataluña el próximo 1 de octubre, como pretenden las autoridades regionales.
En concreto, según fuentes del Ejecutivo, pedirá que se aplique a las decisiones del Parlamento regional la sentencia que ya adoptó en diciembre de 2015 el TC considerando ilegales todos los actos que tuvieran como objetivo la convocatoria de ese referéndum.
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