El pedido del fiscal José Domingo Pérez para que el Poder Judicial suspenda por un plazo de dos años y medio las actividades políticas de Fuerza Popular es una medida perfectamente legal y formalmente adecuada, sostuvo el coordinador del Área Legal del Instituto de Defensa Legal (IDL), Carlos Rivera.
Fue al comentar la solicitud que presentó el fiscal del Equipo Especial del caso Lava Jato, José Domingo Pérez, ante el juez Víctor Zúñiga.
“Ya lo hemos visto anteriormente en el caso contra Ollanta Humala y Nadine Heredia, cuando el fiscal Juárez Atoche, en su acusación, pidió la disolución del Partido Nacionalista. Y en este caso de Fuerza Popular, me parece que a fines del año pasado el propio Pérez Gómez logró incorporar a Fuerza Popular, como persona jurídica, en cuanto a las imputaciones que se hacían de lavado de activos. Por lo tanto, ahí responde a la legalidad de la medida. Es una medida perfectamente legal la que ha planteado Pérez Gómez”, declaró en el programa No Hay Derecho de Ideeleradio.
Rivera Paz señaló, además, que, desde el punto de vista formal, la solicitud que presentó el fiscal José Domingo Pérez ante el Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional es adecuada.
“Desde mi punto de vista, también es un pedido que formalmente es adecuado. Ya en la propia audiencia, ya que esto se tiene que discutir en una audiencia en los próximos días, el fiscal Pérez Gómez tendrá que acreditar con datos y elementos de convicción concretos, cuál es esa información que le permiten sostener a él que Fuerza Popular, como organización, como persona jurídica, está desarrollando y acreditando lo que el fiscal señala en su requerimiento, es decir, actos de obstrucción de la justicia”, subrayó.
En otro momento, el abogado del IDL estimó que de declararse procedente el pedido del fiscal José Domingo Pérez éste tendrá consecuencias en el escenario político.
“Si eso es lo que Fuerza Popular está desarrollando, sería perfectamente legal que el juez de investigación preparatoria emita un pronunciamiento en relación a declarar fundado el pedido y declarar la suspensión actividades de Fuerza Popular como persona jurídica. Eso obviamente va a tener consecuencias sin duda en el escenario político, porque no estamos hablando de cualquier persona jurídica, sino de un partido que inclusive tiene una representación parlamentaria”, declaró.
Deben empezar las acusaciones
Opinó, finalmente, que ya es tiempo que el Ministerio Público inicie el proceso de formalización de acusación y ya no solicite la ampliación de las investigaciones.
“Desde mi punto de vista, creo yo que hay un dato que va más allá de los requerimientos de la Fiscalía, y es el dato de la formalización de la acusación. Los fiscales señalaron un par de plazos, el último de ellos me parece que fue en el mes de abril. Ese plazo necesariamente hay que replantearlo por la pandemia, pero me parece que, dado que ya que el Ministerio Público ha mostrado una reactivación importante, el paso siguiente de la Fiscalía tendría que ser anunciar una fecha o por lo menos ya anunciar que está culminando el proceso de la elaboración de la acusación”, acotó.