Si hay una investigación a Keiko Fujimori (Fuerza Popular) y si llega a una etapa de acusación, el pedido de la Fiscalía podría estar sobre la base de 28 años de cárcel, porque se trataría de un caso en que se configura un concurso de supuestos delitos, opinó Juan José Quispe, integrante del Área Legal del IDL.
Fue al comentar la declaración del empresario Dionisio Romero Paoletti, presidente del directorio de Credicorp Ltd., quien relató que entre diciembre de 2010 y mayo de 2011 entregó 3 millones 650 mil dólares a la campaña de Keiko Fujimori Higuchi.
“Si se le abre una nueva investigación a Keiko no solo por supuesta evasión de impuestos, sino por presunto lavado, estaríamos hablando de 28 años, porque es un concurso real de delitos, y las penas se suman”, manifestó en el programa No Hay Derecho de Ideeleradio.
“Se presume que Keiko recibió dinero evadiendo el pago de impuestos que corresponde. Ese es un delito y tiene una pena de ocho años. Adicionalmente, ella habría blanqueado dinero, acto de transformación, son 20 años por pertenecer a una organización criminal. Se suman. Concurso real de delitos, suma 28 años. Sobre esa base tiene que estar la Fiscalía dando una acusación cuando corresponda. Ha sido un bumerán para ella”, apuntó.
El círculo se va cerrando
El integrante del Área Legal del IDL dijo que dependerá del Equipo Lava Jato si es que se amplía la indagación contra Keiko Fujimori por los hechos descritos por Dionisio Romero Paoletti o si deriva el caso a otra Fiscalía para que se abra una nueva investigación. Remarcó que en el caso de Fuerza Popular el círculo se va cerrando.
“Se abre un escenario más grande. En esa misma investigación se puede ampliar la denuncia inclusive. No se necesitaría que se abra otra investigación aparte, porque no sabemos cuánto dinero habría recibido Keiko de manera personal a su cuenta, no a Fuerza Popular, y, por tanto, no ha pagado impuestos, [eso configuraría] delito de defraudación tributaria”, estimó.
-¿Habilita otra investigación?
-Va a corresponder a la Fiscalía cómo investiga los actos de disposición y de transformación de dinero. Creo que el círculo de Fuerza Popular se va cerrando, porque Yoshiyama, secretario general; Chlimper, secretario general; Joaquín Ramírez, secretario general, y Keiko a la cabeza, ya estaríamos hablando de una organización criminal.
¿Desbalance patrimonial?
En otro momento, consideró que, en el terreno de las hipótesis, la Fiscalía podría sospechar de un presunto desbalance patrimonial. Estimó que si hay recursos que no han sido bancarizados, “estamos viendo que hay desbalance patrimonial que es un elemento sustancial para el lavado de activos”.
“Keiko va a tener que informar cómo es que distribuyó ese dinero, ¿y cómo lo va a hacer? […] Tiene que informar al Poder Judicial y la Fiscalía cómo es que gastó ese dinero. ¿Qué es lo que hizo con esa plata?, y si no, hay un desbalance patrimonial y si hay desbalance patrimonial, hay lavado de activos”, declaró.
–¿Qué hubiese pasado si esto se hubiera bancarizado?
-La UIF inmediatamente intervenía. Eso se llama acto de ocultamiento, acto de disposición y acto de transferencia para ocultar que la UIF no la verifique y no caiga en lavado de activos.
Amenazas, manipulación, uso del Congreso: ¿qué más quiere Blume como obstrucción?