La periodista de investigación Paola Ugaz Cruz denunció haber recibido una amenaza de muerte el reciente viernes 2 de octubre. Esto se suma al seguimiento por parte de agentes no identificados del que vienen siendo objeto Ugaz y Pedro Eduardo Salinas Chacaltana.
“Vas a morir. Rojos, se viene el Charlie Hebdo peruano. Los vamos a fumigar a plomo”, señala el mensaje privado recibido por la periodista Ugaz, en clara alusión al ataque en el 2015 al semanario satírico francés en el que dos encapuchados irrumpieron a tiros en la redacción matando a 12 personas entre ellas el director y algunos de los caricaturistas más famosos de Francia.
Antes de esta amenaza de muerte directa, el 9 de setiembre, en el distrito de Mala, provincia de Cañete -donde reside el periodista Pedro Salinas-, dos personas en moto con la foto del DNI de la periodista indagaban sobre la presencia de éstos en la zona. “Preguntaban por mí y por Pedro —en los alrededores donde él vive— [sobre] qué hacemos, qué no estamos haciendo, si nos dedicamos al tráfico de terrenos o no”, expresó a un medio local.
Estos dos hechos de gravedad, que evidencian seguimiento y reglaje a los periodistas se suman a la abierta campaña de demolición y desprestigio de la que viene siendo blanco la periodista Paola Ugaz a quien se le pretende involucrar en una supuesta red de lavado de activos.
La Asociación Nacional de Periodistas del Perú (ANP) reconoce el trabajo periodístico investigativo de Paola Ugaz y Pedro Salinas, quienes han recogido testimonios que revelan los abusos cometidos al interior de la organización religiosa Sodalicio de Vida Cristiana.
La ANP invoca a las autoridades competentes -División de Investigaciones de Delitos de Alta Tecnología de la Policía- a realizar las investigaciones correspondientes, a fin de dar con la identidad de la persona que amenazó de muerte a Paola Ugaz.
Asimismo, demanda se inicien procesos contra quienes resulten responsables del reglaje realizado a los periodistas, en el que según versión del periodista Pedro Salinas estaría involucrado el oficial Iván Antonio Barrios Arteaga, quien trabaja en la dependencia policial de San Vicente de Cañete.
Finalmente, la ANP rechaza de manera categórica que se intente afectar la reputación de quienes hacen labor de investigación sin ninguna prueba. Estas prácticas son propias de la década de los 90, en las que se atacaba a periodistas a través de titulares y caricaturas claramente injuriosas y ofensivas, reportajes sistemáticos destinados a relacionar periodistas y políticos con actividades ilícitas o moralmente cuestionables, ediciones apócrifas de algunos medios de prensa y hasta veladas amenazas de denuncias penales.
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