El 24 Observatorio de Conflictos Mineros en Perú (OCM), elaborado por las organizaciones CooperAcción, Fedepaz y Grufides, indicó que «todos los datos demuestran que el primer semestre del año ha sido bastante movido en materia de conflictividad social», que comenzó a activarse desde finales de enero e inicios de febrero.
Entre estos conflictos destacó al que se mantiene vigente en el sureño valle del Tambo contra el proyecto minero Tía María, de Southern Perú, filial del Grupo México; el de la región sur andina de Apurímac contra la mina Las Bambas; y el proyecto Ariana que, según el informe, pone en riesgo las fuentes de agua de Lima.
Al referirse a la «geografía» de los conflictos, señaló que las regiones que concentran el mayor número de estos son las andinas Áncash (con 23), Cusco (con 18) y Puno (con 14), así como la amazónica Loreto (con 13).
A pesar de ello, el informe remarcó que en coincidencia «con la tendencia global, la inversión minera en el Perú se ha recuperado en los dos últimos años y todo indica que esta tendencia se puede mantener este año, siempre y cuando no se agudice la guerra comercial entre China y los Estados Unidos».
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«Los sub rubros más dinámicos de la inversión minera en el Perú han sido el de la construcción de plantas de beneficio, equipamiento, preparación y desarrollo de proyectos y no tanto las inversiones en exploración», acotó.
La inversión minera en Perú fue de 3.928 millones de dólares en 2017, en 2018 ascendió a 4.947 millones de dólares y durante este año se proyecta que llegará a 5.500 millones de dólares.
En ese sentido, el informe recomendó que «un tema de reflexión» para las autoridades y las empresas mineras «debe apuntar a la relación entre la rebaja de las exigencias ambientales y la conflictividad social».
«Se podría decir que, lejos de que más normatividad ambiental ahuyente la inversión, es al revés: la débil institucionalidad ambiental puede causar problemas serios a los inversionistas. En este campo, los retos son enormes», agregó.
Durante la presentación del documento, el subdirector de CooperAcción, José de Echave, informó que las empresas mineras han presentado una acción de amparo ante el Tribunal Constitucional para dejar de pagar el aporte que ordena la ley por el trabajo de regulación del organismo de supervisión ambiental OEFA, que representa el 70 % del presupuesto de esa institución.
«Esa es una clara evidencia de un doble discurso», apuntó tras señalar la contradicción entre empresas que afirman que buscan mantener altos estándares ambientales y, por otro lado, toman estas acciones contra el organismo fiscalizador.
Tras reiterar que este primer semestre del año «ha sido un período de tendencia creciente de la conflictividad social», De Echave concluyó que se debe «reflexionar como país qué es lo que estamos haciendo».
En la conferencia de presentación del informe de conflictos mineros también participaron el director de Fedepaz, David Velasco; la directora de Grufides, Mirtha Vásquez; y los dirigentes sociales del valle del Tambo Miguel Meza y Ricardo Quispe.
EFE