El gobierno peruano está desatendiendo la salud de cientos de indígenas expuestos a ríos contaminados por metales tóxicos e hidrocarburos, quienes no tienen acceso al agua segura ni a una atención médica adecuada, según denunció un informe presentado hoy en Lima por Amnistía Internacional (AI).
El estudio «Estado tóxico» afirma que Perú ha incumplido con dar atención médica adecuada a las comunidades indígenas de Cuninico (en la región amazónica de Loreto) y Espinar (en la región andina del Cusco), ante los daños a la salud causados por el agua de ríos contaminados que constituyen su única fuente de consumo.
El secretario general de AI, Salil Shetty, señaló en una conferencia de prensa que «el hecho de que las autoridades peruanas opten por la inacción ante la evidencia de que cientos de personas indígenas han estado expuestos a metales tóxicos no solo es cruel, sino una violación de su derecho a la salud«.
El informe recoge cifras de la Dirección Regional de Salud (Diresa) peruana, que en 2014 señaló que los niveles de aluminio e hidrocarburos de petróleo en el agua de la zona amazónica de Cuninico superaban los permitidos para el consumo humano.
Amnistía informó que en 2017 se realizaron otros análisis del agua de parte del Estado, pero que sus resultados aún no se han publicado.
Se suman también datos del Ministerio de Salud de Perú, que indican que hasta 2016 más de la mitad de la población de Cuninico, incluyendo niños, presentaba niveles anormales de mercurio en la sangre, así como de otros metales como cadmio y plomo.
Según la Organización Mundial de la Salud, la exposición al mercurio y al plomo puede causar graves problemas de salud y daños irreversibles en el desarrollo fetal; no obstante, en Cuninico, el 65% de las personas que se sometieron a un análisis de exposición al plomo, confirmaron la presencia de este metal en su sangre.
Para AI, a pesar a que el gobierno declaró una emergencia de salud pública en la zona este año, «no se han tomado las medidas reales para proporcionar atención médica a las comunidades y abordar la contaminación del agua», lo que debe incluir la investigación de la fuente de la contaminación.
Por su parte, en la provincia andina de Espinar, los estudios realizados por el Estado concluyeron que comunidades enteras se han visto expuestas a metales pesados y otras sustancias por el consumo de agua contaminada.
El informe señala al estudio del Centro Nacional de Salud Ocupacional y Protección del Medio Ambiente para la Salud, donde se indica que «casi todos los miembros de la comunidad a los que se realizaron análisis tenían plomo, cadmio, mercurio o arsénico en la sangre».
Por ese motivo, Amnistía Internacional remarcó que el Estado peruano ha incumplido con su deber de proteger a las comunidades de Cuninico y Espinar y de garantizar su derecho a la salud.
«Las autoridades deben garantizar que estas poblaciones tienen acceso a agua no contaminada y que las causas de la contaminación se determinan y se abordan», manifestó su representante.
En los últimos cuatro años se han registrado más de diez derrames de petróleo en la Amazonía peruana que, según la petrolera estatal Petroperú, han sido provocados en su mayoría por «terceros», que atentaron contra la instalación del Oleoducto Norperuano, que desde 1977 transporta el petróleo de la selva hasta el océano Pacífico.
Mientras que el último censo nacional, del 2007, indicó que en el Perú hay casi cuatro millones de indígenas, la Defensoría del Pueblo ha evidenciado que en el interior del país hay nuevas causas de enfermedad y muerte relacionadas a la contaminación de sus ríos y fuentes de agua.
EFE/Foto: dw.com