El gobierno designó hoy al procurador Amado Enco para defender los intereses del Estado en el proceso de extradición desde España del exjuez del Supremo César Hinostroza, detenido en ese país a raíz de una denuncia por presuntamente liderar una organización criminal en la judicatura peruana.
Una resolución suprema publicada hoy en el diario oficial El Peruano designó a Enco como procurador «ad hoc» para que ejerza la defensa jurídica de los derechos e intereses del Estado peruano ante las autoridades y sedes jurisdiccionales de España, en el proceso de extradición activa de Hinostroza y en aquellos procesos que se deriven o relacionen con el exmagistrado.
El nombramiento fue firmado por el presidente peruano, Martín Vizcarra; el jefe del Consejo de Ministros, César Villanueva, y el ministro de Justicia, Vicente Zeballos.
El pasado 18 de octubre viajó a España el director general de comunidades peruanas en el exterior y asuntos consulares, César Bustamante, para poner en marcha los mecanismos de cooperación con las autoridades españolas que permitan el regreso al país del exmagistrado.
Hinostroza llegó un día antes a Madrid y acudió a una comisaría de la Policía Nacional de España para solicitar asilo, pedido que no fue atendido por no ser el lugar correspondiente, según informó el gobierno peruano en una conferencia de prensa.
El exmagistrado salió presuntamente de Perú por la frontera con Ecuador el domingo 7 de octubre, día de las elecciones regionales y municipales, lo que provocó la dimisión del entonces ministro del Interior Mauro Medina.
El exjuez supremo tenía una orden judicial de impedimento de salida del país vigente en el momento que salió de Perú, pues había sido emitida el 14 de julio por un plazo de cuatro meses.
Hinostroza aprovechó la demora del Congreso en tramitar su denuncia ante la Fiscalía para planear y acometer su fuga, pues el Parlamento había aprobado la denuncia el 4 de octubre, pero no la envió hasta el día 16, cuando ya habían saltado los rumores sobre una posible fuga.
La denuncia del Congreso, que lo destituyó e inhabilitó por diez años, acusa a Hinostroza de los delitos de patrocinio ilegal, tráfico de influencias, negociación incompatible y organización criminal.
Hinostroza, que presidía la Segunda Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de Perú, era el juez de mayor entidad de «Los cuellos blancos del puerto», nombre de esta amplia red de tráfico de influencias, favores y prevaricación de la que también participaban políticos y empresarios.
El escándalo saltó al publicarse una serie de grabaciones telefónicas en las que se escucha a Hinostroza negociar prebendas y favores, como en una conversación donde ofrece la absolución para el violador de una niña de 11 años.
EFE/Foto: americatv.com.pè