El representante permanente del Perú en la ONU, Manuel Rodríguez Cuadros, instó hoy a que las partes en el conflicto que ocurre en Ucrania acuerden o pacten un cese al fuego como una medida inmediata, para darle curso a las negociaciones diplomáticas.
Durante su intervención en la sesión de la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre la situación humanitaria en Ucrania, indicó que la intervención en este país se agrava «y la población civil continúa sufriendo injustamente los estragos del conflicto».
«Este imperativo que la conciencia pacífica y democrática de la humanidad exige, es también el llamamiento que hace el gobierno del Perú para que las partes en el conflicto pacten, acuerden, un cese del fuego. Como media inmediata. Y continué el curso de las negociaciones diplomáticas que puedan poner fin al conflicto», indicó.
En ese sentido, refirió que la historia nos enseña que la única manera, la más práctica, contundente y efectiva para poner fin al sufrimiento de la población civil en los conflictos armados, «es el cese de las hostilidades, el cese del fuego, el cese de la violencia».
«Mientras el conflicto no cese y las armas sigan disparando, hay que exigir el cumplimiento de la obligación imperativa que manda el derecho internacional y el derecho internacional humanitario, para poner limites al sufrimiento de la población civil, protegerla y asegurar el goce de sus derechos humanos», agregó.
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Rodríguez Cuadros precisó que «no se trata de recomendaciones de buena voluntad», ni horizontes de conductas deseables, sino que «se trata de obligaciones internacionales adquiridas por las partes en el conflicto. Que deben imperativamente ser acatadas».
«La protección de las poblaciones no puede discriminarse por razones políticas. Responde única y exclusivamente a la dimensión humana de su protección, sin discriminación de ninguna naturaleza. Las Naciones Unidas tienen el mandato de proteger a toda la población civil que sufre en el conflicto», añadió.
Actuación de las partes
En otro momento, también pidió que en cada día y hora, las partes en el conflicto respeten el derecho internacional humanitario, en particular, los cuatro Convenios de Ginebra de 1949 y su Protocolo adicional I, de 1977, así como garantizar la protección de la población civil y de las personas detenidas.
Además, que los ataques que empleen nuevas tecnologías y medios cibernéticos deben también respetar el derecho internacional humanitario; se abstengan de cometer ataques contra la población civil; y no realicen ataques que infrinjan las normas sobre la conducción de las hostilidades o las prohibiciones sobre los métodos y medios de guerra.
De igual modo, que no se utilicen armas prohibidas o en los lugares poblados armas con efectos en zonas extensas
No dirijan ataques contra bienes de carácter civil; preserven la infraestructura esencial, como los sistemas de abastecimiento de agua, gas y electricidad, que suministran e insumos vitales a los hogares, las escuelas y las instalaciones médicas.
También, que protejan los espacios en los que se despliegan las acciones humanitarias; acaten las prohibiciones de realizar bombardeos indiscriminados y tomar rehenes; brinden atención a todos los heridos, cualquiera sea la parte en el conflicto a la que pertenezcan; y aseguren que los detenidos y prisioneros sean objeto de un trato humanitario y no se les aplique condiciones humillantes o contrarias a su dignidad.
Además, brinden sin restricciones la protección al personal medico, los establecimientos, unidades móviles y suministros de salud; y, cooperen con las acciones humanitarias que viene realizando el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) , acojan sus iniciativas y aseguren su acceso a las personas civiles.
«Todas estas obligaciones deben ser, a la vez, exigidas y respetadas. Y ejecutadas conforme a los principios de humanidad, imparcialidad, neutralidad y universalidad, que fundamentan el derecho internacional humanitario», explicó.
Solidaridad
De otro lado, manifestó que corresponde a la comunidad internacional un deber de solidaridad especial con los desplazados y refugiados, cerca de 4 millones a la hora actual, siendo que existe el deber de protegerlos «debe ejercerse sin discriminación de ningún tipo».
«Si logramos la aplicación amplia del derecho internacional humanitario, además de proteger la dignidad, salud y la propia vida de las poblaciones civiles, estaremos contribuyendo al buen curso de las negociaciones entre las partes y estaremos haciendo más corto el camino que conduzca al establecimiento del cese de hostilidades y al éxito de las negociaciones de paz», refirió.
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Por último, consideró que una solución negociada, que contempla los intereses de todas las partes, concurrente con las normas del Derecho Internacional y la carta de las Naciones Unidas, «es en primera y última instancia el medio, el único medio para restaurar la paz y poner fin al sufrimiento de las poblaciones».
ANDINA