GINEBRA/Suiza.- Perú culmina este mes la elaboración de su tercer Plan Nacional de Derechos Humanos para el período 2017-2021, consensuado ampliamente por todas las instituciones públicas así como por la sociedad civil», aseguró hoy el viceministro de Derechos Humanos y Acceso a la Justicia peruano, José Coloma Marquina.
Perú se sometió hoy al Examen Periódico Universal (EPU) del Consejo de Derechos Humanos (foto), un mecanismo de escrutinio sobre la evolución de los derechos fundamentales en todos los países miembros del organismo internacional.
El Plan Nacional «prevé una sostenida labor educativa y de cambio cultural a favor de los derechos humanos en general y la promoción de cambios normativos para que nuestro ordenamiento jurídico se adecue a los estándares internacionales y presta atención a 13 colectivos que consideramos de especial protección» explicó Coloma.
El viceministro también destacó avances normativos desde la última revisión en 2012, como el agravamiento de las penas por el delito de desaparición forzada, la modificación del tipo penal de tortura y la tipificación de delito del trabajo forzoso.
La aprobación de normas relacionadas con la regulación del uso de la fuerza, contra el feminicidio y el fortalecimiento de legislación en materia de reparación y de violencia de género también forman parte de las mejoras legislativas del país, aseguró.
En respuesta a las preguntas efectuadas por otros países respecto la situación de derechos fundamentales en Perú, Coloma recordó que en 2012 el país ratificó la Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas, y que en diciembre de 2016 se aprobó la ley de búsqueda de personas desaparecidas durante el período de violencia 1980-2000.
En este sentido viceministro añadió que desde 2005 Perú cuenta con un plan de Grata Reparación que prevé un programa de indemnizaciones en educación, económicas, simbólicas, de salud y de restitución de derechos ciudadanos para víctimas de dicho período.
En este sentido, Perú ha otorgado reparaciones económicas e individuales a cerca de 90.000 personas que alcanzan los 100 millones de dólares, lo que equivale aproximadamente al 98 % de personas inscritas en el registro público de víctimas, según Coloma.
En relación con las víctimas desaparecidas, el representante del gobierno peruano aseguró que se han identificado 975 de los más de 9,000 casos registrados y que sus familiares han recibido ayuda psicosocial y logística, asegurándoles un entierro digno.
«Se pidió perdón en nombre del Estado en aquellos casos en que correspondía hacerlo», dijo Coloma.
Respondiendo a preguntas en materia de tráfico de personas, el viceministro explicó que en el 2017 se aprobó un nuevo Plan Nacional contra la trata de personas, que establece que los actores involucrados en el abordaje de esta problemática deben actuar en base a «la prevención, la atención y reintegración de víctimas y la fiscalización y persecución del delito».
Además, Coloma señaló que el Ministerio del Interior peruano ha constituido ocho fiscalías provinciales especializadas y una fiscalía superior, también focalizada en la materia.
En referencia a la situación de los derechos de los indígenas en el país, el viceministro sostuvo que desde el 2015 se cuenta con una política nacional para la transversalidad del enfoque intercultural en beneficio de estas poblaciones que prioriza los ámbitos de la salud, la educación y la justicia.
El viceministro también respondió a otras preguntas en materia de educación, centros penitenciarios, el papel de la mujer o discriminación racial y solicitó a funcionarios, representantes políticos y ciudadanos la máxima unidad «para superar los grandes retos que tenemos por delante».
EFE/Foto: un.org