Con el sistema sanitario desbordado en algunas regiones, a Perú se le ha abierto un nuevo frente en su lucha contra la COVID-19 al registrar un gran foco de infecciones en sus hacinadas prisiones, lo que ha provocado una oleada de violentos motines para pedir medicinas y libertad.
Hasta el momento hay al menos 21 presos fallecidos por COVID-19 y unos 650 contagiados, y entre los funcionarios de prisiones hay no menos de siete fallecidos, entre ellos el director de la cárcel de Trujillo, y unos 180 contagiados. A nivel nacional ya son 854 los muertos y 31.190 casos acumulados en Perú de esta pandemia.
El brote ha afectado a presos célebres como Antauro Humala, hermano del expresidente Ollanta Humala, que cumple condena por un levantamiento militar en 2005, mientras que otros como la líder del partido fujimorista Fuerza Popular Keiko Fujimori, en prisión preventiva por presunta corrupción, reclama salir en libertad por temor a infectarse.
«El Estado y las autoridades correspondientes, que son el Ministerio de Justicia y el Instituto Nacional Penitenciario (Inpe), no han asumido la gravedad del asunto», advirtió a Efe el investigador del Área de Seguridad Ciudadana del Instituto de Defensa Legal (IDL), Stefano Corzo.
Una vez decretada la cuarentena desde mitad de marzo, las cárceles parecían un lugar apropiado para mantenerse aislado de la pandemia, sobre todo después de que prohibiesen las visitas para reducir el contacto con el exterior, pero el virus ingresó aparentemente por los funcionarios de prisiones.
CÁRCELES AL DOBLE DE SU CAPACIDAD
Desde entonces las cárceles peruanas se han vuelto una trampa potencialmente mortal para los 97.500 presos que permanecen recluidos en 68 penales, cuya capacidad es de unos 40.000 reos, lo que supone una superpoblación de aproximadamente 238 %.
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«Hay penales con 600 % de superpoblación. En celdas de 4 personas puedes encontrar hasta 24 presos. Si uno de ellos se contagia, lo más probable es que contagie a toda la celda y a todo el pabellón. Aquí no hay distanciamiento social. Están uno encima del otro», relató a Efe el abogado y exministro de Justicia Gustavo Adrianzén.
Por eso, desde que comenzó la cuarentena se dieron sucesivos motines. Primero en las prisiones del norte de Perú y ahora también en otras regiones. «Lamentablemente es muy probable que se extienda a todo el país», indicó Adrianzén.
NUEVE MUERTOS EN MOTÍN
El episodio más dramático se vivió este lunes en la prisión Miguel Castro Castro, de Lima, con nueve reclusos muertos. Los heridos ascendieron a más de 60 entre presos, policías y agentes penitenciarios.
Al mismo tiempo hubo motines en otras tres prisiones más y este martes se sublevaron reclusos de la prisión de Lurigancho, muy cerca de Castro Castro. En esa cárcel los reos ascendieron a los tejados de los pabellones con banderas blancas y pancartas con mensajes como «Medicinas y libertad» y «No nos quiten la vida».
«Estar preso no significa que pierdas tu derecho fundamental a la vida o a la integridad física», recordó Adrianzén. El letrado avisó que existe riesgo de que las asociaciones de defensa de los derechos de los presos denuncien al Estado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por la gestión de esta crisis.
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«En cualquier otro momento de la historia del Perú, los nueve muertos de Castro Castro le hubiesen costado la cabeza al ministro de Justicia al día siguiente. El ministro debe dar explicaciones», reclamó Adrianzén, que ocupó esa cartera en 2015.
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La situación ha obligado al Gobierno a cerrar Sarita Colonia, la cárcel del Callao donde están buena parte de los extranjeros capturados por hacer de «mulas» de la droga. Los presos que dieron negativo para COVID-19 fueron a otras cárceles ya hacinadas donde también se han comenzado a dar episodios del virus SARS-CoV-2.
MILES DE PRESOS ENFERMOS Y MAYORES
La situación se agrava con entre 13.500 y 15.000 presos con enfermedades graves como VIH/Sida o tuberculosis, y al menos otros 6.000 mayores de 60 años.
A ello se suma la carencia de servicios médicos. «Se supone que debería haber un médico por cada prisión, pero no es así. En algunas zonas hay un solo médico para nueve cárceles», apuntó Corzo.
El investigador también detectó «una ineficacia en la implementación de los recursos» destinados a proteger a los reclusos, pues de las 13.000 pruebas recibidas por el Inpe apenas se han tomado poco más de 2.000.
Asimismo, la sede administrativa del Inpe apenas ha utilizado el 0,5 % de los 5,5 millones de soles (1,6 millones de dólares) que recibió del Gobierno para enfrentar esta situación.
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INDULTOS ESPECIALES
Para aliviar el riesgo en las prisiones, el Gobierno aprobó un decreto para indultar de manera extraordinaria o reducir las condenas a presos cuya salud se agravaría en caso de contraer el coronavirus por tener enfermedades crónicas, embarazos o que sean mayores de 60 años, pero para Adrianzén «esto no es suficiente».
«Que el presidente no tenga miedo de dar indultos, conmutaciones de pena y derechos de gracia», apuntó Adrianzén, quien recordó que hay miles de presos sin condena, en prisión preventiva que podría cambiarse por otras medidas como arresto domiciliario.
De los que sí tienen sentencia, hay unos 20.000 reclusos con condenas menores a 8 años y 6.000 con penas menores a 4 años. Todos ellos primarios, es decir, no reincidentes.
«El contexto no tiene precedentes. Por lo tanto, las soluciones van a tener que ser tan radicales como la situación que estamos viviendo ahora mismo. Se deben descongestionar las cárceles, pero con gente que no hayan cometido delitos graves como homicidio o violación», concluyó Corzo.
EFE/ Video ATV