GINEBRA/Suiza.- El gobierno de Perú y las grandes corporaciones que operan en el país deben modificar su manera de actuar para elevar el nivel de respeto a los derechos fundamentales de empleados y personas afectadas por sus actividades.
Esta es la principal conclusión a la que llegó el Grupo de Trabajo de la ONU sobre Empresas y Derechos Humanos, tras una visita de diez días al país andino.
«Perú se ha acostumbrado a una situación de constantes conflictos sociales, con más de cien conflictos activos cada mes», afirmó, citado en un comunicado distribuido hoy, Michael K. Addo, uno de los expertos que realizó la visita.
«La gran mayoría de estos conflictos están relacionados con operaciones comerciales a gran escala en los sectores de minería, hidrocarburos y energía», agregó Addo.
En los últimos cinco años, los conflictos sociales han causado 70 muertes, señalaron los expertos en sus conclusiones preliminares al final de la misión.
«Los conflictos surgen de preocupaciones ante la contaminación del ambiente y del agua y otras cuestiones que afectan los derechos humanos, causados por grandes operaciones mineras, derrames de petróleo en el Amazonas, o deforestación para plantaciones de aceite de palma y cacao», especifica el texto.
«Cuando la gente expresa su preocupación por los efectos negativos de las operaciones comerciales, a menudo se enfrentan a intimidación y criminalización», dijo Dante Pesce, otro miembro de la delegación del Grupo de Trabajo.
«Nos alienta ver señales de cambio, ya que el Estado y las empresas se están dando cuenta de que escuchar voces críticas ayuda a identificar, mitigar y resolver las quejas antes de que se conviertan en conflicto», agregó Pesce.
«Las empresas también están llegando a entender que el respeto a los derechos humanos es bueno para los negocios y ayuda al Estado a atraer inversiones de buena calidad ambiental y social», subrayó el experto.
El Grupo de Trabajo pidió un nuevo mecanismo para proteger a los defensores de los derechos humanos, incluyendo a los ambientalistas y los dirigentes indígenas.
También subrayaron la importancia de una consulta significativa e informada en las primeras etapas de las operaciones comerciales a gran escala, y dijeron que deberían fortalecerse los métodos existentes para evaluar el impacto social y ambiental.
Los expertos señalaron que identificar y enfrentar estos problemas está en el corazón del concepto de «debida diligencia en materia de derechos humanos» establecido en los Principios Rectores de la ONU sobre las Empresas y los Derechos Humanos.
«Saludamos el compromiso del gobierno con la agenda de empresas y derechos humanos y el anuncio de que se están dando los primeros pasos para desarrollar un Plan de Acción Nacional sobre empresas y derechos humanos», dijeron los expertos.
«Instamos al gobierno a que desarrolle este plan a través de un proceso inclusivo, multipartito y transparente», concluyeron.
EFE/Foto: elespectador.com