MADRID.- La Fiscalía española pide dos años y medio de prisión para los periodistas Cruz Morcillo y Pablo Muñoz, del diario ABC, acusados de un delito de revelación de secretos, por publicar el contenido de una escucha telefónica a dos investigados de la mafia italiana.
Las conversaciones trataban sobre el extesorero del gubernamental Partido Popular (PP) Luis Bárcenas, investigado por blanqueo de capitales, cohecho, malversación y apropiación indebida.
Morcillo y Muñoz publicaron el 11 de julio de 2014 una conversación intervenida a un miembro de la mafia italiana en la que afirmaba conocer a Bárcenas.
La defensa de los periodistas pidió a la justicia española en septiembre pasado el archivo de las actuaciones, un recurso aún pendiente de resolverse.
Mientras tanto, la jueza encargada del caso acordó el pasado miércoles la apertura de un juicio oral.
Además de los dos años y medio de prisión para los dos periodistas, la Fiscalía solicita veinte meses de multa con cuota de cincuenta euros diarios, mientras que la acusación ejercida por Bárcenas pide tres años de cárcel.
El fiscal que su petición no tiene que ver con que la publicación pudiera o no interferir en la operación de la Guardia Civil española contra la mafia italiana, ni con el procedimiento judicial a Bárcenas, sino con el acceso «ilícito» a una conversación intervenida y de la que se apropió «un desconocido» en el marco de una investigación judicial.
«Los hechos revisten caracteres delictivos al haberse apoderado por medio que se desconoce de varias conversaciones telefónicas interceptadas por orden judicial», relata el fiscal.
Para investigar estos hechos, la justicia española pidió el listado de llamadas entrantes y salientes de los teléfonos de los periodistas una semana antes de la publicación de la noticia, así como los titulares de algunas de estos números.
Los periodistas españoles declaran que la defensa del extesorero tuvo acceso sin reserva ni filtro a los listados de llamadas.
Bárcenas ya denunció a los redactores en una primera querella por un delito contra el honor, pero finalmente no fue admitida porque el magistrado entendió que en la información no le imputaban ningún delito.
EFE/Foto: abc.es