El Poder Judicial aprobó el acuerdo de colaboración eficaz corporativo suscrito entre el Equipo Especial Lava Jato del Ministerio Público, la Procuraduría Pública Ad Hoc para el mismo mega caso de corrupción y la empresa peruana ICCGSA.
El pasado 26 de noviembre, el juez Ubaldo Callo Deza del Quinto Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional homologó el convenio con la justicia peruana, a través del cual ICCGSA y cinco de sus ejecutivos reconocen culpabilidad por delitos de corrupción en 19 proyectos de infraestructura y brindan valiosa información para los procesos penales en curso.
La constructora también ha reconocido que participó en 34 licitaciones públicas con el fin de dar la apariencia de competencia, bajo el esquema del denominado Club de la Construcción.
La sentencia ordena que ICCGSA deberá pagar al Estado peruano una reparación civil de más de S/ 181.1 millones en un plazo de 10 años. A ello se sumarán los intereses legales que se abonarán al final del cronograma de pagos.
“Seguimos cerrando acuerdos de colaboración eficaz. Este es el quinto acuerdo con una empresa en el marco del mega caso Lava Jato. Significa un monto de reparación civil importante que el Estado empezará a cobrar de manera adelantada, a la par que se fortalecen los casos ‘Hospital de Moquegua’ y ‘Club de la Construcción’, donde están involucrados los expresidentes Martín Vizcarra y Ollanta Humala”, sostuvo Silvana Carrión Ordinola, procuradora ad hoc para el caso Lava Jato.
El convenio establece que los pagos de reparación civil serán garantizados con la creación de un fideicomiso, el cual será administrado por Cofide o el Banco de la Nación.
Asimismo, el acuerdo señala que ICCGSA no podrá iniciar procesos arbitrales, judiciales o administrativos contra el Estado peruano, en sede nacional o internacional, por los proyectos que forman parte del convenio.
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