El Quinto Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional concluyó que el partido de Renovación Popular seguirá siendo investigado por los delitos de lavado de activos, ya que no se cumplieron los presupuestos para la figura de la acción penal solicitada, por lo que declaró improcedente la solicitud.
El Ministerio Publico acusa al partido de Rafael López Aliaga de haber usado su estructura organizacional para recibir dinero proveniente de las empresas brasileras Odebrecht y OAS, para la campaña presidencial de 2011 y municipal de 2014 y darles apariencia de dinero legal, haciéndolas pasar como aportes de campaña.
La Fiscalía sostiene que el dinero recibido habría sido a través de los investigados José Luna Gálvez, el ex regidor Martín Bustamante Castro, el ex miembro del Comité Directivo del Fondo Metropolitano de Inversiones, Jorge Zegarra Lévano, el ex funcionario municipal José David Quispe Levano y Julio Víctor Torres Romero, el asesor.
#IMPORTANTE | Poder Judicial declara improcedente el pedido de la organización política Renovación Popular para no ser investigado por el delito de lavado de activos en agravio del Estado. Ver: https://t.co/PH4TuoaI5I pic.twitter.com/tPySMmWGlF
— Poder Judicial Perú (@Poder_Judicial_) January 6, 2025
En la campaña del año 2011, el exdirectivo de Odebrecht, Jorge Barata, habría entregado 200 mil dólares a Luis Castañeda Lossio y Jorge Luis Zegarra, que serían disfrazados como aportes.
En la campaña del año 2014, según la tesis que maneja el Ministerio Público, Luis Castañeda Lossio y Martín Bustamante habrían recibido 480 mil dólares de la empresa brasileña OAS. Los investigados de este caso son el congresista José Luna Gálvez (dueño de la Universidad Telesup y fundador de Podemos Perú), Martín Bustamante Castro, Jorge Zegarra Lévano, Julio Torres Romero, entre otros.
Renovación Popular quiso acogerse a la Ley 32054, que aprobó el Congreso de la República el junio del año pasado. La modificación del artículo 105 del Código Penal exime a las organizaciones políticas de cualquier responsabilidad penal en los actos ilegales que hayan sido perpetrados por sus dirigentes y militantes, los que serán procesados de «manera individual» si es que se requiere.
Texto: WSV
Foto: Composición
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