El Pleno del Congreso aceptó que el proyecto de ley para prevenir y sancionar la violencia y el acoso contra las mujeres en la vida política pase a un cuarto intermedio para un mejor análisis y debate.
La propuesta fue planteada por los congresistas Úrsula Letona (Fuerza Popular) y Clayton Galván (Cambio 21).
La iniciativa legislativa plantea prevenir, sancionar y erradicar la violencia política contra las mujeres a fin de promover y garantizar el pleno ejercicio de sus derechos políticos y en igualdad de condiciones, en especial, su participación en la vida política en todos los niveles del gobierno nacional, regional y local, y en organizaciones políticas.
Las disposiciones de la iniciativa se aplican a mujeres que son autoridades proclamadas por el Jurado Nacional de Elecciones o en gestión que, por elección popular, desempeñan cargos políticos de representación en los niveles nacional, regional y local.
Asimismo, se aplica para mujeres electas para el ejercicio de cargos políticos de representación por elección popular, en los niveles nacional, regional y local, según los resultados oficiales anunciados por la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).
De igual manera, para candidatas a cargos políticos de representación por elección popular en los niveles nacional, regional y local, desde su confirmación en las elecciones internas de su organización o alianza política. Igualmente, para funcionarias que, por designación, desempeñan cargos políticos en funciones ejecutivas, desde que se emite la resolución correspondiente.
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También se aplica para autoridades comunales y que ejercen cargos de gobierno indígena u originario, desde que son elegidas y electas para cargos directivos y militantes de las organizaciones políticas, así como representantes de organizaciones políticas u otras organizaciones que tengan por finalidad la participación en la vida política.
La presidenta de la Comisión de Constitución, Rosa Bartra (Fuerza Popular), expuso, en el Pleno Mujer, el dictamen señalando que en la propuesta incorpora los últimos estándares desarrollados en materia de prevención, sanción y erradicación del acoso político contra las mujeres en el derecho comparado y en normas subnacionales.
Indicó que la iniciativa se aplica a mujeres en el marco de proceso y cargos de elección popular, a mujeres en cargos de toma de decisiones en los tres niveles de gobiernos y a mujeres electas para cargos directivos y militantes de las organizaciones políticas, así como representantes de organizaciones políticas u otras organizaciones que tengan por finalidad la participación en la vida política.
Por su parte, la parlamentaria Marisa Glave (Nuevo Perú) dijo que no se ha incorporado un tipo penal.
“Ojalá que se tome una decisión a favor de las mujeres, sin distinción alguna. La violencia contra la mujer responde a un problema estructural que posee múltiples manifestaciones, por ello, la lucha contra este tipo de violencia debe incluir un análisis de factores políticos, educativos, económicos, culturales y de salud”, acotó.
ANDINA/Foto Antonio Melgarejo