El Poder Judicial admitió a trámite un hábeas corpus que tiene como fin detener todas las medidas que se han tomado en el Congreso de la República en contra de los siete miembros de la Junta Nacional de Justicia (JNJ).
Ello en referencia a la investigación sumarísima que llevará a cabo la comisión de Justicia y Derechos Humanos del Congreso contra la JNJ en el plazo de 14 días por una presunta falta grave.
Así, se exige que se detengan todos los actos de los congresistas contra la JNJ por considerar que vulneran los derechos de la institución de manera arbitraria y actuando “de mala fe” para desarticular a la institución.
A los siete miembros de la JNJ se les cuestiona por haberse pronunciado, en mayo pasado, en contra del juicio político y antejuicio al que fue sometida la exfiscal de la Nación, Zoraida Ávalos.
El hábeas corpus fue impulsado por los abogados Carlos Paredes y Moisés Chamorro y acogida por el juez del Noveno Juzgado Constitucional, Juan Fidel Torres.
Dentro de la demanda también se encuentra el pedido de anulación de la decisión del Sexto Juzgado Constitucional de la Corte Superior de Justicia de Lima que ordenó suspender las investigaciones contra de la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, por parte de la JNJ.
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Ello debido a que se considera que la decisión de la jueza Tarrillo Meneses «estaría impidiendo a la JNJ cumplir con las funciones señaladas en su Ley Orgánica».
Por tal motivo, se solicita el cese de toda posible afectación o irreparabilidad de los derechos y descartar todo tipo de “ficciones anticipadas” por la medida cautelar señalada.
Entre los demandados se encuentran los integrantes de la Mesa Directiva del Congreso, la comisión de Justicia y los congresistas que integran las bancadas Avanza País, Fuerza Popular, Acción Popular, Renovación Popular, Perú Libre, Alianza Para el Progreso.
También incluye a la fiscal Benavides y a la jueza Jacqueline Tarrillo Meneses, quien dispuso la medida cautelar para que la JNJ suspenda todas las investigaciones contra la fiscal ya referida.
Tras esta decisión, el Poder Judicial dispuso notificar a los procuradores públicos del Poder Judicial, Congreso y de la Fiscalía para que respondan a la demanda.
ANDINA
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