La Comisión Permanente de Acceso a la Justicia de Personas en Condición de Vulnerabilidad capacita a setenta magistrados y servidores del Poder Judicial en el curso virtual de idioma quechua, se informó.
Según el Poder Judicial, el objetivo del taller es impartir conocimiento sobre el quechua para dar herramientas de trabajo a los operadores de justicia y así brindar una mejor atención a los ciudadanos que utilizan el quechua como lengua originaria.
Al respecto, la titular de la citada Comisión Permanente, Janet Tello Gilardi, destacó que este curso se organiza desde hace algunos años y que esta es la tercera edición, en esta oportunidad de manera virtual debido a la situación de pandemia de covid-19.
“Hay poblaciones que están al margen de un acceso a la justicia igualitaria por diversas razones, una de ellas el idioma, por lo que la comisión pidió al Consejo Ejecutivo del Poder Judicial impartir este curso a fin de revertir barreras que impidan llegar a ellas”, anotó.
El taller comprende 40 horas académicas y está dividido en dos grupos en los que participan juezas, jueces, personal jurisdiccional, así como personal administrativo del Poder Judicial.
Este módulo es desarrollado a través de plataformas digitales, con sesiones sincrónicas y asincrónicas, presentación de videos y exposiciones del docente, así como prácticas calificadas.
El encargado del dictado es el profesor Raúl Cisneros Cárdenas, intérprete y traductor, con estudios de las variantes del quechua en el Perú, acreditado por el Ministerio de Cultura, y docente en Lengua y Literatura, egresado de la Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga.
El Poder Judicial destacó que este docente ha desarrollado una exitosa metodología de enseñanza a través de la tradición oral, el teatro comunitario y el canto.
Por último, indicó que esta actividad es desarrollada en cumplimiento de los objetivos del Eje N°5: Pueblos Indígenas, Comunidades Campesinas y Nativas del Plan Nacional de Acceso a la Justicia de Personas en Condición de Vulnerabilidad 2016-2021, aprobado por el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial.
ANDINA