La titular del Poder Judicial, Janet Tello Gilardi, se reunió hoy con el ministro de Justicia, Eduardo Arana, para alertar sobre los riesgos de las reformas legislativas recientemente aprobadas, las cuales podrían perjudicar los procesos de extinción de dominio en curso.
Tello Gilardi advirtió que más de cinco mil investigaciones en marcha podrían verse afectadas si el Ejecutivo no interviene para frenar los cambios impulsados por el Congreso, los cuales exigen una sentencia firme antes de decomisar bienes ilícitos.
“Con estos cambios, los bienes obtenidos ilícitamente solo podrán ser decomisados tras una sentencia firme, lo que retrasa y obstaculiza la recuperación efectiva de activos del crimen organizado”, enfatizó.
El ministro Arana respaldó la postura del Poder Judicial, subrayando que la extinción de dominio es fundamental para combatir la delincuencia organizada y reiteró su desacuerdo con las reformas al Decreto Legislativo 1373.
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El Ministerio de Justicia hizo un llamado al Congreso para reconsiderar su decisión, argumentando que la normativa vigente ha permitido avances significativos en la recuperación de bienes ilícitos y que los cambios violan acuerdos internacionales contra la corrupción.
Desde 2019, el Programa Nacional de Bienes Incautados (Pronabi) administra los activos recuperados a través de este mecanismo. Los registros crecieron 44 % en 2024 hasta alcanzar 996 nuevos bienes incorporados a favor del Estado y de la ciudadanía.
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Además, alertó que las reformas contravienen estándares de la ONU y del GAFI, lo que podría perjudicar la aspiración del Perú de ingresar a la OCDE y aumentar su riesgo país.
Pese a la oposición del Poder Judicial, el Ministerio Público y el propio Ejecutivo, el Congreso ratificó el dictamen con 42 votos a favor, rechazando una moción para devolverlo a comisión.
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