BERLÍN.- El gobierno polaco calificó de «político» el proceso legal abierto hoy por la Comisión Europea (CE) en su contra tras sus polémicas reformas de la judicatura, una medida que podría desembocar en la retirada a Varsovia su derecho a voto en la Unión Europea (UE).
El Ministerio de Asuntos Exteriores polaco se mostró dispuesto al dialogar con Bruselas, pero señaló que no puede aceptar «opiniones unilaterales e injustas» e indicó que quiere «continuar con la reforma de su sistema judicial» porque el gobierno se lo debe a sus «votantes», según un comunicado.
«Polonia está comprometida con el estado de derecho tanto como la UE», afirmó el primer ministro polaco, Mateusz Morawiecki, en su cuenta de Twitter, al tiempo que apostó por un diálogo «abierto y sincero» que reconcilie «la soberanía» de su país con la idea de una Europa unida.
Exteriores aseguró que «Polonia deplora la activación por parte de la CE del procedimiento previsto en el artículo 7 del Tratado de la UE, que es esencialmente político, no legal».
En su opinión, la decisión «daña innecesariamente las relaciones bilaterales» y puede hacer «difícil» lograr la confianza y entendimiento mutuo que necesitan Varsovia y Bruselas para buscar una solución.
El gobierno polaco, prosiguió, siempre se ha mostrado dispuesto al diálogo y a explicar sus reformas a todos los estados miembros, pero rechaza que se pueda «estigmatizar innecesariamente» a un país o «ejercer una presión política innecesaria».
«Estamos dispuestos al debate social y político sobre esta importante reforma y esperamos de nuestros socios europeos un análisis comprensivo y objetivo, así como una mejor comprensión, de los cambios en las leyes sobre el Tribunal Supremo y el Consejo Nacional de la Judicatura durante el procedimiento legislativo», añadió.
En su opinión, estos dos últimos proyectos -reformados después de que el presidente del país los vetara en verano ante las masivas protestas en la calle- «cumplen con las expectativas» de la CE.
Para Exteriores, «la campaña de información negativa sobre las reformas» no se basa en los hechos.
Tras garantizar que Polonia «está totalmente de acuerdo» en que una justicia independiente y efectiva es «uno de los elementos del estado de derecho», consideró que cualquier impugnación de sus reformas debería venir el Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) y no de la CE.
«Es competencia del Tribunal de Justicia de la UE decidir si un estado miembro no cumple con alguna de las obligaciones que le imponen los tratados», argumentó.
Ese ministerio subrayó que Polonia siempre ha acatado las sentencias de esta corte y estimó que las «dudas sobre la compatibilidad de las leyes nacionales con la ley comunitaria deben resolverse por un procedimiento rutinario» ante el TJUE, donde el país está dispuesto a defender su posición.
Confió por ello en que la activación del procedimiento previsto en el artículo 7 del Tratado de la UE no interfiera en los procedimientos ante ese tribunal y que «un análisis legal imparcial de las acciones tomadas por las autoridades polacas no sean reemplazadas por una valoración política parcial».
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