VARSOVIA.- En otro desafío a la Comisión Europea, el gobierno conservador de Polonia, intenta sobreponerse a la resistencia de la presidenta del Tribunal Supremo, Malgorzata Gersdorf, y mantiene la presión a los jueces díscolos para que renuncien y les deje el camino libre.
Enarbolando la nueva ley que adelanta la edad de jubilación y fuerza el retiro de la magistrada y 26 de sus compañeros, el Ejecutivo ultraconservador de Ley y Justicia (PiS), insiste en exigir a Gersdorf que abandone su puesto.
La jueza, el rostro más visible de quienes se oponen a la controvertida reforma de la justicia, ha vuelto a desafiar al Gobierno y ha acudido de nuevo a trabajar, en lo que constituye una pequeña victoria para las decenas de miles de polacos que han salido a la calle estos días para protestar contra los cambios legales.
“Espero que prime la cordura y la responsabilidad y todo se resuelva en los próximos días conforme a la ley”, ha reclamado el ministro de justicia, Zbigniew Ziobro. “Quien viola la legislación en Polonia debe tener en cuenta las consecuencias”, ha avisado en una entrevista emitida en la radio pública, en la que ha exigido a los magistrados que recurran al Tribunal Constitucional si consideran que la nueva norma, que adelanta la edad de jubilación de los 70 a los 65 años, es ilegal.
Gersdorf y sus colegas, no obstante, insisten en que el alto tribunal ha perdido su independencia después de que el Gobierno modificase la ley para nombrar una mayoría de sus jueces.
Al menos 11 son destinatarios de la misiva de despido, un documento que, según el Consejo General de la Abogacía carece de valor legal ya que, según su análisis, toda la nueva legislación es contraria a la Constitución.
Con estas llamadas públicas, el Ejecutivo trata de aligerar el ambiente y evitar un escenario de confrontación física, que derivase en protestas multitudinarias.
En un escenario de cada vez más fricción con Bruselas, y duramente criticado por organismos como el Consejo de Europa, la ONU y las organizaciones de derechos civiles el primer ministro Mateusz Morawiecki no desea imágenes como la de la policía impidiendo entrar a los jueces resistentes o acordonando la sede del Supremo, el centro de Varsovia.
Pese a las advertencias, no contemplan impedir, de momento, el paso a Gersdorf a su despacho. “Ningún ciudadano tiene prohibido el ingreso a la sede del Supremo”, indicó el viceministro de Justicia, Michal Wojcik, que insistió en que ni a la presidenta del Supremo ni al resto de los jubilados forzosos se le permitiría decidir sobre los casos. (ECHA- Agencias)