Eduardo Pachas, abogado del presidente de Perú, Pedro Castillo, ha presentado está sábado un recurso de hábeas corpus para evitar que la Fiscalía allane el Palacio Presidencial en el marco de la investigación por el caso de Petroperú ante la presunta falta de objetividad de la fiscal que lidera la indagación.
En el escrito del recurso, Pachas recuerda que la fiscal anticorrupción que lidera la investigación, Norah Córdova, el pasado 22 de diciembre aseguró en una entrevista que Castillo «es un terrorista y un corrupto».
«Siendo claramente declarada que es una persona que odia a Pedro Castillo, ya que, según ella, sin conocer en persona ni haberlo investigado por terrorismo, para ella es un terrorista y corrupto. Opinión sesgada que tiene fines políticos y lo menciona públicamente en redes sociales y en programas de televisión, por ello actúa en forma demencial», ha precisado Pachas, recoge Radio RPP.
Este mismo sábado, Córdova ha reconocido haber utilizado las redes sociales en el pasado para arremeter contra él, llamándole «terrorista» y «corrupto», pero ha negado parcialidad. «No me voy a inhibir del caso (…). Los mensajes no afectan en lo absoluto la objetividad de la investigación. Mi trabajo no puede verse afectado en lo absoluto con las publicaciones que di en el mes de junio», ha remarcado.
Fiscalía abre indagación contra la fiscal que investiga a presidente Castillo
Esta semana, la fiscal fue cuestionada después de que la prensa peruana se hiciera eco de unas publicaciones vertidas entre mayo y agosto en su cuenta de Facebook en las que atacaba e incluso ridiculizaba al presidente Castillo por su manera de hablar y daba pábulo a las teorías infundadas de fraude electoral que Fujimori esparció una vez se supo derrotada en las elecciones.
Castillo está siendo investigado por un supuesto delito de adjudicación irregular de contratos públicos a la empresa Heaven Petroleum Operators (HPO), a través de la estatal PetroPerú.
Según la investigación, el gerente de esta empresa, Samir Abudayeh, habría logrado obtener un contrato valorado en 65 millones de euros tras mantener una reunión con el propio Castillo y el responsable de Petroperú, Hugo Chávez, en el Palacio de Gobierno, a donde acudieron esta semana agentes de la Fiscalía a llevar a cabo una serie de registros, entre los cuales también al despacho del presidente.
Europa Press- Foto internet-medios