BRASILIA.- El presidente del Senado brasileño, Renán Calheiros, expresó hoy su «preocupación» frente a la posibilidad de que se recorten los plazos del proceso de destitución que enfrenta la mandataria suspendida, Dilma Rousseff.
«Veo con preocupación las iniciativas para comprimir plazos» y «más aún que esa pretensión pueda sugerir una supresión del derecho a la defensa, que es sagrado», indicó Calheiros en un comunicado oficial.
La nota fue difundida después de que el Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB), que lidera el presidente interino, Michel Temer, y al que pertenece el propio Calheiros, propusiera en la comisión del Senado responsable del juicio político recortar el plazo para su conclusión en unos veinte días.
Esa iniciativa, aprobada por la comisión, fue considerada por la defensa de Rousseff como un intento de evitar que el gobierno interino se desgaste y pierda el apoyo parlamentario necesario para llegar a la destitución de la mandataria, que dejaría a Temer en el poder hasta el 1 de enero del 2019.
El abogado de Rousseff, José Eduardo Cardozo, apeló ante la Corte Suprema, que deberá decidir ahora si acoge esa demanda o si da lugar a los nuevos plazos propuestos por el PMDB, que llevarían el fin del proceso contra Rousseff a mediados de julio próximo.
La decisión final está en manos del presidente del Tribunal Supremo, Ricardo Lewandowski, que aún no se ha pronunciado sobre el asunto.
Según Calheiros, «es imperioso agilizar el proceso para que no se arrastre indefinidamente», pero para ello «no se pueden utilizar expedientes de discutible carácter democrático», aún si se apoyan en «interpretaciones razonables».
El presidente del Senado indicó que «unos días en la historia no valen el precio de suprimirlos» y sostuvo que se le debe «transmitir a Brasil y al mundo la certeza de un juicio imparcial, responsable y civilizado».
También consideró «prudente» que la Corte Suprema dirima cada diferencia que surja en el proceso, pero apuntó que es «inadecuado sobrecargarla con trabajo típicamente parlamentario», pues se corre el riesgo de las apelaciones se interpreten como una «transferencia de responsabilidades».
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