Los gremios sindicales de los sectores agroexportación y textil ven con esperanza el proceso de demanda que siguen contra el gobierno peruano, el mismo que ha sido presentando ante el Departamento de Trabajo de los Estados Unidos (USDOL) en julio de 2015 en el marco de compromisos asumidos en el Acuerdo Comercial más conocido como Tratado de Libre Comercio-TLC.
En diciembre pasado se tuvo la visita de una misión gubernamental especial que evaluó los casos presentados en la demanda. Se espera que en Marzo de 2016 la comisión eleve un informe de los hallazgos, luego del mismo ellos decidirán si presentan al Gobierno Peruano un plan de remediación y/o un plan de arbitraje.
Máximo Gutiérrez Huamaní, secretario general de la Federación Nacional de Trabajadores Textiles, Confecciones y Afines del Perú (FNTTP), manifestó esta semana – “Nosotros como trabajadores, como afectados nos sentimos con bastante esperanza de que va a salir algo favorable de todo este proceso. Estamos trabajando unidos, para lograr que se respeten nuestros derechos usando el mecanismo internacional que nos da el TLC. Invocamos gobierno que derogue los regímenes especiales obsoletos que vienen afectando a los trabajadores y trabajadoras del sector textil y agro-exportación, sobretodo en cuanto al uso y abuso de los contratos”.
El proceso avanza favorablemente y ha demandado un arduo trabajo de las federaciones textiles FNTTP y FTTP y la Federación Agro-industria FENTAGRO y de las centrales sindicales como la CATP, CGTP, CTP y CUT, quienes conjuntamente han trabajado durante varios meses para seleccionar y fundamentar los casos de violación de derechos laborales en ambos sectores. Luego del recojo de información sobre los casos se preparó la demanda y fue presentada ante el Departamento de Trabajo de Estados Unidos (USDOL) en Julio de 2015. La demanda se interpuso contra el gobierno peruano por incumplimiento de obligaciones laborales señaladas en el capítulo 17 del Acuerdo Comercial entre Perú y Estados Unidos que ambos países firmaron en el 2009.
En setiembre de 2015 fue aceptada la demanda y a partir de entonces se inició un proceso de intercambios y complemento de información, y entre el 6 y 15 de diciembre tuvimos la presencia de una misión especial integrada por representantes del Departamento de Trabajo de Estados Unidos (USDOL) y la Oficina del Representante de Comercio Exterior de Estados Unidos (USTR). Esta misión llegó al Perú para sostener una serie de reuniones con representantes de sindicatos, empresas, y gobierno peruano.
Durante su visita al Perú, la misión estadounidense recogió pruebas de las violaciones de derechos laborales de los casos detallados en la queja presentada. Los casos presentados estarían afectando a unos 22 mil trabajadores de los cuales, 6 mil serían del sector textil y confecciones de las empresas Topy Top, Hialpesa, Inca Top y Tejidos Pisco y otros 16 mil del sector agroexportador, de las empresas Camposol, Sociedad Agrícola Virú y Grupo Palmas. Todos estos casos ocurren por la vigencia de regímenes especiales como D. L. 22342 – Ley de Exportaciones no Tradicionales y Ley. 27360 de Promoción del Sector Agrario. Ambos recortan derechos y permiten desnaturalización de contratos.
Entre diciembre de 2015 y marzo de 2016 la misión gubernamental estadounidense trabajará un informe de hallazgos, el mismo que contendrá un análisis sobre la veracidad de las alegaciones contempladas en la queja original y podría agregarse nuevas pruebas encontradas durante la visita. Este informe será presentado en marzo de 2016 a las contrapartes peruanas y a las organizaciones demandantes. A partir de este informe el Gobierno de EEUU establecerá si convocará a un plan de acción de remediación y/o un plan arbitral. De proceder esta demanda, Perú podría perder beneficios comerciales del TLC.
Gerardo Olórtegui, secretario de Defensa de la Federación Nacional de Trabajadores Textiles del Perú (FNTTP) advierte que si el gobierno peruano no toma medidas, podría verse en serios problemas y hasta perder los beneficios del acuerdo comercial. “De mantener esta situación de violación de derechos, el siguiente paso podría ser el arbitraje e inclusive puede haber sanciones como país, a lo que nosotros no queremos llegar. Nosotros invocamos al gobierno, al congreso que derogue los regímenes especiales D. Ley 22342 y Ley 27360 que afectan a los trabajadores. No tanto buscamos la sanción, lo que buscamos es la enmienda”.