BOGOTÁ.- El Procurador General , Fernando Carrillo, advirtió que la ruta propuesta, por el presidente Iván Duque, al objetar los acuerdos de paz con las FARC, «abre un debate inoportuno e inútil, desconociendo el rol de la Corte Constitucional».
“Frente a la presentación de las objeciones presidenciales, el tema ya dejó de ser la improcedencia de la formulación de las objeciones. Estamos en el campo delicado y frágil del irrespeto a la intangibilidad de las decisiones de la justicia”, agregó.
Fernando Carrillo abrió el discurso con el que sentó su posición ante la reciente decisión del presidente Iván Duque quien objetaba seis de los 159 artículos de la Ley Estatutaria de la JEP, herramienta clave para que esta jurisdicción funcione pues incluye las reglas de juego para cada uno de sus procedimientos.
“La JEP no deja de funcionar con esta determinación del presidente Duque, pues su creación se funda en una reforma constitucional que ya fue aprobada, pero sin duda sí es un golpe al corazón del Acuerdo de Paz”, enfatizó.
El jefe de Estado señaló que estas objeciones no eran un “choque de trenes”. El procurador Carrillo piensa distinto: “Aquí media una decisión sobre un proyecto de ley estatutaria en ejercicio de un control previo, único y exclusivo. Y ha habido cosa juzgada constitucional”.
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“Va a generar un enfrentamiento innecesario entre los poderes públicos y a abrir un espacio a la inseguridad jurídica sobre el cumplimiento de los compromisos del acuerdo final. Abre un debate inoportuno e inútil, desconociendo abiertamente el rol de la Corte Constitucional, cuando ella será quien, en últimas, termine resolviendo este problema”, agregó el procurador Carrillo.
Las objeciones del presidente al fallo de la Corte Constitucional emitido en agosto del año pasado, en que se dio luz verde a la Ley Estatutaria de la JEP, es un hecho sin precedentes. No se había visto que un jefe de Estado objetara decisiones de la Corte, órgano de cierre en determinaciones constitucionales.
El procurador Carrillo expresó que la decisión del presidente Duque de apartarse “del principio del respeto a decisiones autónomas de la justicia pone en alto riesgo la institucionalidad de Colombia como Estado de derecho”. (ECHA- Agencias)