El procurador antiterrorismo Milko Ruiz respaldó las modificaciones a ley que impiden trabajar en el Estado a sentenciados por delitos de terrorismo, apología de terrorismo, corrupción, narcotráfico, entre otros, aprobado en primera votación en el Congreso de la República.
Indicó que los delitos relacionados con el terrorismo son considerados graves, por lo que el Estado tiene la legitimidad y la obligación legal de tomar medidas para enfrentarlos y proteger a la sociedad.
“Apoyamos la iniciativa del Congreso, felicitamos la decisión de aprobarla y esperamos que sea ratificada en segunda votación, así evitaremos que sentenciados por terrorismo lleguen al Estado”, declaró a la Agencia Andina.
El Congreso de la República aprobó el pasado 4 de mayo, en primera votación, modificaciones a la ley que impiden laborar en el sector público a sentenciados por delito de terrorismo, apología del terrorismo, lavado de activos, tráfico ilícito de drogas, violación de la libertad sexual, trata de personas y corrupción.
Procurador: Es “infame” fallo que libera a cabecillas de Sendero (VIDEO)
Según esta propuesta normativa, no tener una condena por esos delitos será un requisito para ingresar o reingresar a laborar en el sector público.
Indica además que en caso de que el trabajador se encuentre comprendido en algunos de esos supuestos y mantenga vínculo laboral con el Estado, bajo cualquier modalidad, dicha relación contractual deberá ser resuelta.
Ruiz aseguró que muchos sentenciados por terrorismo continúan defendiendo ideas contrarias a la democracia que socaban el estado de derecho, como el Movimiento por Amnistía y Derechos Fundamentales (Movadef) y algunos sindicatos de maestros.
Sostuvo que esta restricción no representa una sanción adicional a los sentenciados por terrorismo que cumplieron su pena.
“No son delitos menores, la Constitución y el Tribunal Constitucional mencionan la obligación de luchar contra estos delitos y proteger a la sociedad. La ley es viable y constitucional para evitar que haya riesgo en la tranquilidad pública”, afirmó.
La segunda votación de la norma, de acuerdo al reglamento del Congreso, debe producirse la próxima semana.
ANDINA