Una ampliación de denuncia contra los brasileños Marcelo Bahía Odebrecht y Jorge Henrique Simoes Barata; y contra Eduardo Monteverde Bussalleu, presentó la Procuraduría Anticorrupción, informó Julia Príncipe, presidenta del Consejo de Defensa Jurídica del Estado.
Esta ampliación de denuncia incluye a todos los funcionarios y servidores que resulten responsables de este caso, explicó.
Julia Príncipe mencionó que la decisión se tomó con la finalidad de impulsar las investigaciones sobre las coimas que Odebrecht admitió haber pagado a altos funcionarios peruanos, entre 2005 y 2015, con el fin de ganar la buena pro de obras de infraestructura en el Perú.
Marcelo Odebrecht, exCEO de la empresa del mismo nombre, fue sentenciado el 2016 en su país a 19 años de prisión tras ser hallado culpable de delitos de corrupción relacionados a la petrolera estatal Petrobras.
Simoes Barata, por su parte, ha sido investigado en el Congreso del Perú por la comisión que presidió el legislador Juan Pari. Era uno de los principales funcionarios de Odebrecht en Perú y encargado de llevar los más importantes proyectos de esa empresa en el país andino.
A su turno, Monteverde es señalado como la persona que creó diversas empresas fantasmas para “blanquear” los 29 millones de dólares que Odebrech pagó en sobornos en Perú.
Además de esta ampliación de denuncia, la Procuraduría ha solicitado también incorporar en la investigación a personas jurídicas, subrayó Julia Príncipe.
No obstante, añadió que también han gestionado diversos actos de investigación, entre ellos, recoger la declaración indagatoria de más de 75 personas, como expresidentes de la República, exministros, expresidentes del Congreso, y exalcaldes, entre otros.
Julia Príncipe explicó que estas acciones fueron decididas con la finalidad de impulsar las investigaciones sobre los sobornos que Odebrecht ha admitido haber pagado a altos funcionarios peruanos entre los años 2005 y 2015, para ganar la buena pro de obras de infraestructura en el Perú.
El caso está siendo investigado por el Ministerio Público y también por el Congreso peruano.
Foto Andina