LIMA.- El Poder Judicial peruano impuso 31 meses de impedimento de salida de Perú al esposo de la líder opositora Keiko Fujimori, el estadounidense Mark Vito, quien es investigado por la Fiscalía por presunto lavado de activos.
La información fue dada a conocer por Giuliana Loza, abogada de Vito, a través de sus redes sociales, donde cuestionó la decisión y aseveró que la apelará.
«Nuevamente se imponen medidas desproporcionadas a quienes colaboran con la justicia. Impedimento de salida del país por 31 meses, sin debida motivación. Apelaremos y seguiremos apoyando en todo lo que se requiera», expresó Loza.
La medida fue dictada por el Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria del Poder Judicial (PJ), a cargo del juez Víctor Zúñiga, en respuesta al pedido de la Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios del Equipo Especial.
En la audiencia, celebrada el pasado 9 de abril, el fiscal adjunto Emerson Manosalva, miembro del equipo especial para el caso Lava Jato, sustentó su pedido en que era necesario garantizar la realización de los peritajes, así como la revisión de documentos solicitados al investigado y que, dijo, aún no habían sido entregados.
Se trata de la segunda vez que la justicia peruana dicta contra Vito un impedimento de salida del país por el mismo caso, pues en noviembre pasado el Poder Judicial dispuso uno de 36 meses a fin de que se puedan esclarecer las investigaciones sobre los presuntos delitos de lavado de activos agravados, en agravio del Estado peruano, que presuntamente habría cometido.
No obstante, el mismo fue revocado el 12 de febrero pasado por un tribunal superior.
Ese tribunal también aceptó un mes antes una recusación contra el juez Richard Concepción Carhuancho, quien dictó el impedimento original de salida de Vito del país, así como 36 meses de prisión preventiva contra Keiko, mientras ambos son investigados por presunto lavado de activos.
Según la pasada resolución, el tribunal superior consideró que el juez había recaído en una parcialidad al dictar la medida contra Vito, y resolvió que un nuevo juez analizara el pedido de impedimento de salida del país y emitiera un nuevo pronunciamiento.
Keiko Fujimori cumple desde octubre de 2018 una orden de prisión preventiva por 36 meses como parte de la investigación del fiscal José Domingo Pérez, que la sindica de dirigir una organización criminal que captó fondos ilícitos para su campaña electoral de 2011 y 2016.
Entre esos recursos se encontrarían los aportes por un millón de dólares de la empresa brasileña Odebrecht, según la declaración de sus exdirectivos en Perú al fiscal Pérez.
La fiscalía analiza una serie de transacciones inmobiliarias realizadas por el esposo de Fujimori, ya que considera que no están claras las cuentas de los pagos que hizo por la compra de terrenos en el distrito de Chilca, en el sur de Lima, entre 2012 y 2015.
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