El Colegio de Periodistas del Perú, institución deontológica de la profesión, la Asociación Nacional de Periodistas del Perú y la Federación de Periodistas del Perú, organizaciones gremiales de los trabajadores de la prensa, ante la pretensión del Poder Ejecutivo de silenciar a los periodistas del programa televisivo «Panorama» y la preocupante persistencia de los funcionarios públicos de querellar a quienes revelan irregularidades en el manejo de los recursos del Estado, se dirigen al Gobierno Central , en particular, y a la opinión pública en general, para expresar lo siguiente:
1.- El acceso a la información de interés público es una señal de modernidad democrática y un argumento que refuerza la confianza en las instituciones del sistema, fortalece a la ciudadanía, afirma la vida en democracia y los vínculos entre mandante y mandatario. Por tanto tal acceso se tiene que concebir como un derecho de naturaleza colectiva donde la información es requerida a las autoridades como medida de control de la gestión pública.
2.- No extraña por eso que la Relatoría de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para la Libertad de Expresión, en su informe del año 2001, haya precisado que los obstáculos para acceder a la información en poder del Estado «impide el desarrollo de sociedades democráticas exacerbando posibles conductas corruptas dentro de la gestión gubernamental y promoviendo políticas de intolerancia y discriminación».
3.- La circunstancia actual hace recordar que, el año 2004, el Tribunal Constitucional del Perú sentó precedente señalando que el derecho de acceso a la información pública «representa una realidad de doble perspectiva, pues no solo constituye el reconocimiento de un derecho fundamental, sino el deber del Estado de dar a conocer a la ciudadanía sus decisiones y acciones de manera completa y transparente». Expuso así que una política estatal orientada a negar el acceso a la información pública lleva implícita una voluntad de ocultar actos de corrupción.
4.- La demanda judicial contra los periodistas de «Panorama» y los periodistas querellados en gran parte del interior del país, está orientada en esa dirección por quienes practican la incalificable «cultura de secretismo», se sustenta en el hecho de que los periodistas molestan y los medios incomodan, pretextos que los lleva a poner en marcha políticas que no tienen otro fin que el de aplicar la «ley de la mordaza» y así despojar a la ciudadanía del derecho a recibir información libre y veraz. Todo vale para silenciar al que elabora la noticia. Eliminando al mensajero, reina el silencio.
5.- La denuncia pública que hoy presentamos no debe pasar desapercibida por quien tiene aún la jefatura del Estado y por quien a partir del 28 de julio accederá a tan importante rango. A los periodistas nos corresponde denunciar y al Estado actuar de verdad en la investigación de los censurables hechos por quienes están involucrados en posibles actos de corrupción y no quedarse en simples lamentos. Es su obligación. Cada caso que no se resuelva -y son muchos-, más que una provocación es una traición a la salud moral de nuestro pueblo.
6.- Esta política de amedrentamiento impulsada por el Ministerio de Defensa representado por su titular Jakke Valakivi, debe ser vista de diferentes perspectivas. Una de ellas es de haber logrado, con su impertinencia, que las instituciones representativas de los periodistas se unan, disciplinen y coordinen sus energías, canalizándolas en una obra ejemplar en procura de una verdadera y necesaria libertad de prensa, cuando la colectividad nacional mira con pesimismo e impotencia que la corrupción en la función pública es cada vez más creciente.
7.- En esta hora difícil para el periodismo libre, hacemos una invocación a los poderes del Estado para que recuerden lo prescrito en el artículo 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, que nos dice que en una sociedad libre se considera que el Estado no debe esconder información y que los archivos deben estar a disposición de los ciudadanos, salvo aquellos que pudiesen poner en peligro la seguridad del país. Revelar que existen indicios de corrupción de parte de funcionarios públicos es afirmar la seguridad material y moral del Perú como nación.
Lima, 07 de julio de 2016
Max Obregón Rossi
Presidente CPP
Zuliana Lainez Otero
Secretaria general ANP
Ángel Sánchez Dueñas
Presidente FPP