El coordinador general de la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción (CAN), José Ávila, señaló que se debe “explorar” la posibilidad de que los gobernadores regionales rindan cuentas sobre su gestión y los recursos que maneja ante el pleno del Congreso.
Indicó que uno de los grandes déficits del proceso de descentralización es la falta de capacitación de los gobiernos regionales para manejar ingentes recursos económicos, que han sido causa de corrupción en muchos casos.
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“Tienen que hacer rendición de cuentas ante el pleno del Congreso, hay que explorar esa posibilidad, de que los gobernadores regionales rindan cuentas, no porque desconfiemos, sino porque es un ejercicio de control”, declaró José Ávila a la Agencia Andina.
Refirió que el “milagro económico” que posibilitó el avance del país, gracias a los altos precios que alcanzaron las materias primas que exporta, se ha traducido en una mayor cantidad de recursos financieros acumulados, pero el problema ahora es la falta de gestión y ejecución del presupuesto.
“Como esa plata no se ha podido ejecutar en obras, como hay falta de capacidad en los funcionarios regionales, entonces la plata ha estado ahí y la tentación, entonces han buscado a malos ciudadanos y funcionarios para tener la oportunidad de despilfarrar”, agregó.
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Señaló que esta es una de las preocupaciones del Fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, y ahora presidente de la CAN.
“Él ha priorizado que se haga una política de fortalecimiento de las capacidades de los gobiernos regionales, para que puedan instalar sus comisiones regionales anticorrupción y para que puedan elaborar sus planes regionales anticorrupción, ese es el reto”, expresó José Ávila.
Refirió que la instalación de una comisión regional anticorrupción promueve una mayor acción ante este flagelo, porque incluye a representantes de la sociedad civil y las autoridades.
“Es importante ese compromiso de la sociedad civil, si los ciudadanos no denuncian, no exigen a las autoridades un comportamiento ético, vamos a entrar en una complicidad muy peligrosa y un círculo muy peligroso, en el cual la corrupción no solo puede capturar al Estado sino a la sociedad”, puntualizó Ávila.
Según estimaciones de la Contraloría General de la República, el costo de la corrupción al Estado peruano asciende a unos 10 mil millones de soles al año.
Andina / Foto: Andina