El Informe Netizen, editado por Global Voices Advocacy, departamento legal de la ONG Global Voices, publica un texto que ayuda a hacerse una idea de los desafíos, victorias y tendencias emergentes en el terreno del derecho de Internet y las libertades digitales.
En el mes de abril de 2015 ha surgido toda una oleada de leyes contra la cibercriminalidad en el mundo entero. Las nuevas leyes preparadas en Egipto, Pakistán y Tanzania, destinadas a combatir numerosos delitos en Internet, al mismo tiempo amenazan muchos de los derechos fundamentales de los usuarios.
En Pakistán se va a debatir en la Asamblea Nacional el proyecto de ley de Prevención de Delitos Electrónicos. De aprobarse, la ley ampliaría de manera importante la definición de ciberdelito, incluyendo las críticas políticas y otras formas de expresión en línea; también autorizaría a las autoridades a bloquear cualquier sistema informativo (incluidas las páginas de Internet) en caso de atentado “a los intereses de la religión, la seguridad o la defensa de Pakistán, sus relaciones diplomáticas, el orden público, el civismo y las buenas costumbres”.
Además, el proyecto establece nuevos criterios para que los proveedores de servicios en línea puedan guardar los datos de los usuarios y dota de más competencias a las agencias gubernamentales para obtener e intercambiar datos de usuarios con otros gobiernos, entre ellos Estados Unidos.
En un artículo dedicado a los fallos del proyecto, el diario nacional Express Tribune consideraba el texto como «más amenazador para todos cuantos se mueven en Internet que protector de los cibercriminales». Algunas ONG, entre ellas Human Rights Watch, Article 19, Digital Rights Foundation Pakistant y Bolo Hobi, han publicado un comunicado conjunto en el que expresan sus inquietudes en relación con el proyecto de ley, acompañado de una petición en línea pidiendo al legislativo que sondee a la opinión pública antes de aprobarlo.
Por su parte, el gobierno de Egipto ha ratificado un proyecto de ley destinado a codificar distintas prácticas de vigilancia y seguridad digitales, que son habituales aunque no legales todavía con el actual gobierno. Según la página informativa Alaraby, esa ley castigaría con cadena perpetua la blasfemia y los delitos electrónicos cometidos para alterar el orden público, poner en peligro la seguridad de la sociedad o atentar contra la unidad nacional y la paz social.
Mientras tanto, el Parlamento de Tanzania aprobó el 1 de abril una ley del mismo tipo que declara ilegal la publicación de informaciones «engañosas y falsas» y dota a la policía de amplias prerrogativas en materia de investigación y registros. El texto incrimina igualmente el envío de información «no solicitada previamente» a través de medios electrónicos. La izquierda del país asegura que se ha elaborado de manera precipitada y lamentan que dé tanto poder discrecional a las autoridades.
En China, los seudónimos y los perfiles son los últimos objetivos de las medidas restrictivas aprobadas en materia informática; seudónimos que los usuarios utilizan habitualmente cuando quieren denunciar o apoyar causas políticas. Por ejemplo, en el otoño de 2014 muchos internautas chinos cambiaron la imagen de su perfil por el logo del paraguas, en solidaridad con las manifestaciones pro-democráticas de Hong-Kong. Las nuevas medidas penalizan la utilización de avatares o identidades digitales que “violen las leyes existentes, creen una amenaza nacional para la seguridad o destruyan la unidad étnica”; en resumen, ya no pueden aparecer los paraguas ni ninguna otra seña de identidad “políticamente incorrecta”. Pocos días antes de su entrada en vigor, una mano misteriosa “purgó” las cuentas de más de 60.000 usuarios de redes sociales.
En cuanto a lo que ocurre por España, en un crítico editorial titulado “Spain’s Ominous Gag Law” (La ominosa Ley Mordaza de España), el prestigioso diario neoyorquino The New York Times la equipara con el régimen de la dictadura de Franco: “La nueva ‘Ley Mordaza’ de España se remonta inquietantemente a los días oscuros del franquismo”. Algo que, según el periódico, “tiene lugar en una nación democrática, donde los españoles, como ciudadanos de la Unión Europea, deben tener más que un virtual derecho a la protesta pacífica y colectiva”.
Además, el editorial, recogiendo la opinión desfavorable de los relatores de la ONU que el propio ministro de Interior, Jorge Fernández Díaz, cuestionó asegurando que no se habían leído la norma, exige a los organismo europeos actuar contra ella: “La Comisión Europea debe actuar con rapidez para condenar la nueva ley”.
Metiendo más el dedo en la llaga, The Ney York Times interpreta que el propósito principal de la ley es “ayudar al partido gobernante a mantener su control del poder, desalentando las protestas contra la austeridad”…
Según el diario digital El Confidencial “desde criticar en Twitter hasta piratear por lucro: por esto podrán registrar tu PC”. “Con la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal la Policía podrá instalar ‘software’ en los dispositivos electrónicos personales con el fin de investigar delitos menores”, señala.