La Defensoría del Pueblo anunció la elaboración de una agenda con los derechos de los pueblos indígenas que se debe atender con prioridad y confirmó la primera cumbre de las comunidades nativas que se desarrollará este año en el país con representantes de las 55 etnias.
«El Estado peruano siempre ha tenido a los pueblos indígenas como aliados, pero no ha hecho nada por ellos y es por esta razón por la que hemos visto cómo el narcotráfico y la minería ilegal han avanzado en zonas de nuestra Amazonía, originando que muchos compatriotas indígenas ofrenden sus vidas o sufran la embestida de quienes han devastado nuestros bosques», manifestó el defensor del Pueblo, Josué Gutiérrez.
El funcionario declaró durante un encuentro de intercambio sobre justicia intercultural desarrollado junto al Gobierno de Canadá, donde se informó que la institución trabaja en la elaboración de una agenda con los puntos más importantes referidos a la vulneración de derechos de las comunidades indígenas, para que se atiendan de manera prioritaria.
Y urgió a las autoridades a atender las demandas de los pueblos indígenas, para que se asegure el acceso oportuno de este sector de la población peruana a servicios básicos como salud, educación, justicia, agua y desagüe, entre otros.
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«Venimos trabajando para reunir, en septiembre próximo, a más de 1.000 representantes de las 55 etnias que existen en nuestro país, tanto de la zona amazónica como de las comunidades quechua y aimara, así como de países cercanos como Brasil, Bolivia y Ecuador, pues la idea es intercambiar experiencias y proponer iniciativas legislativas dirigidas a que el Estado pueda atender las demandas de acceso a distintos derechos», expresó Josué Gutiérrez.
El encuentro de este martes con representantes del Ministerio de Justicia de Canadá, fiscales especializados en derechos humanos y líderes indígenas, tuvo como objetivo intercambiar experiencias en torno a la implementación de un modelo de justicia intercultural más inclusivo y adecuado a la realidad cultural de los pueblos y comunidades indígenas de Perú.
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El defensor del Pueblo resaltó la necesidad de que el Estado direccione sus esfuerzos a la prevención, como política prioritaria de Estado, a fin de evitar que se afecten derechos humanos.
Demandó en ese sentido redoblar esfuerzos y el máximo respeto al derecho a la vida y a la integridad de las niñas y mujeres indígenas, en todo ámbito, «pues en los últimos meses hemos visto que nuestras comunidades son violentadas en sus derechos».