SAN JUAN.- Puerto Rico propuso hoy reestructurar deuda por valor de 47.000 millones de dólares (el 65% del total) y pidió a los titulares de bonos que se le exima de pagar en los próximos cinco años unos 13.000 millones de dólares, el 72% de los que debería abonar en ese periodo.
Así se desprende del plan de ajuste fiscal difundido hoy por el Gobierno de la isla, en el que explica que de los 18.000 millones de dólares que tendría que destinar en los próximos cinco años fiscales al pago de la deuda, necesita al menos 13.000 millones para operar y garantizar la prestación de servicios básicos a la ciudadanía.
Todo ello, después de aplicar diversas medidas de austeridad, entre las cuales no está el despido de trabajadores del sector público, el mayor empleador de la isla, y de acometer iniciativas para tratar de recuperar el crecimiento económico, tras casi una década de recesión.
Según la propuesta presentada a los bonistas dos meses después de anunciar su intención de negociar una deuda que se ha vuelto «impagable», el Gobierno plantea pagar únicamente unos 5.000 millones de dólares durante los próximos cinco años, sin concretar a qué tipo de bonos querría dar preferencia.
En su propuesta de negociación no incluye la deuda acumulada por las empresas públicas de luz y agua, ya que están negociando por separado con sus respectivos acreedores.
Con parte de los bonistas de Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) ya llegó a un acuerdo la semana pasada que incluye una quita del 15% de la deuda, que ronda los 8.600 millones de dólares. La Autoridad de Agua y Alcantarillados (AAA) debe unos 3.700 millones.
La intención del Gobierno es convencer a los titulares de bonos de que su plan es factible y que merece la pena sentarse a negociar una reestructuración, para evitar así una batalla legal eterna que no beneficiaría a ninguna de las partes.
Sin embargo, la batería de medidas anunciadas hoy para contener el gasto y reactivar la economía, que lleva cayendo desde el 2006, implican en su mayoría una negociación parlamentaria o concesiones de Washington, al tiempo que la negociación con los titulares de bonos también se promete larga y complicada.
Entre esas medidas habla del cierre de decenas escuelas públicas, el recorte del gasto sanitario y la reforma de la legislación laboral.
Para dar confianza a los acreedores el Gobierno se compromete a seleccionar un consejo de cinco miembros que cuenten con el visto bueno de los bonistas que se encargue de velar por el cumplimiento de las cuentas, tal y como hacen otras administraciones públicas de EEUU.
El Gobierno advierte que sin una inyección de fondos extraordinaria a corto plazo hacia el final del actual ejercicio fiscal (junio del 2016) se quedará sin fondos.
Esa situación no sería nueva para la isla, pero, a diferencia de ocasiones anteriores, se ha quedado sin acceso a los mercados y no puede seguir pidiendo prestado como ha hecho hasta ahora para ir pagando sus obligaciones de deuda.