Es muy perjudicial que haya cambios legislativos en las normas referidas a la colaboración eficaz, advirtió el fiscal superior Rafael Vela, coordinador del Equipo Especial que investiga el Caso Lava Jato, tras considerar que dichas modificaciones romperían el actual esquema de legalidad, que tan fructífero ha sido para el avance de las indagaciones.
Fue al comentar la decisión de la Comisión de Justicia del Congreso de aprobar un dictamen que modifica algunos artículos del Código Procesal Penal (CPP) y del Código Penal (CP) respecto a la colaboración eficaz, donde se establece que los procesos deberán realizarse en un plazo de ocho meses desde la solicitud hasta la celebración del acuerdo o su denegación; y podrán prorrogarse hasta por cuatro meses más por causa justificada y ocho meses más en casos de crimen organizado.
“De aprobarse esto sería muy perjudicial, porque de hecho se trata de romper el esquema de legalidad que ha sido tan fructífero en términos de avance de las investigaciones. Yo diría no solamente en el Caso Lava Jato, sino en casos en cuyas investigaciones ha habido dificultades respecto al acceso a la prueba, porque la corrupción, el lavado de activos y el crimen organizado trabaja bajo códigos de clandestinidad”, dijo en el programa No Hay Derecho de Ideeleradio.
Rafael Vela Barba remarcó, en ese sentido, la importancia de la colaboración eficaz, pues es una herramienta muy valiosa que enfrenta de manera eficiente los casos de gran criminalidad.
“Por supuesto, la información y la documentación está muchas veces en poder de estas mismas personas que han delinquido. Entonces, la colaboración eficaz es una herramienta muy valiosa de legalidad que enfrenta de manera muy eficiente estos casos de gran criminalidad, que se presentan en nuestro país frecuentemente, y que no solamente está relacionado con el caso Lava Jato, sino se relaciona con todos los fenómenos de la corrupción y, en general, de la criminalidad organizada que lamentablemente en nuestro país tenemos”, anotó.
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Sumamente preocupados
El magistrado expresó, en ese sentido, su preocupación, porque estimó que resultaría evidente que podría existir algún tipo de “pacto de impunidad” en sectores que buscarían proscribir una herramienta que ha sido de gran utilidad para el sistema de justicia.
“Desde esa dimensión, es evidente que pueden unirse las voluntades de los pactos de impunidad respecto a precisamente tratar de proscribir una herramienta de utilidad, porque sencillamente los confronta y les perjudica en sus intereses ilegales”, mencionó.
“En esa dimensión, sí estamos sumamente preocupados, porque se pueden poner de acuerdo, porque los intereses son comunes. Nadie quiere ser investigado y nadie quiere tampoco tener dentro de la perspectiva incluso de lo que es la legitimidad y el conocimiento de las investigaciones por parte de la sociedad de una serie de hechos y de elementos que se incorporan a través de la colaboración eficaz”, anotó.
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Cambios que afectarían
Finalmente, el fiscal coordinador del Equipo Especial que investiga el Caso Lava Jato advirtió que con estos cambios legislativos hay acuerdos que podrían verse afectados.
“De hecho ahora tenemos varios procesos de colaboración eficaz en el marco del control de la legalidad judicial. De hecho, hace unas semanas se ha anunciado el acuerdo de colaboración con los investigados y acusados José y Hernando Graña. Antes se hizo con la empresa, antes se hizo con Odebrecht. Tenemos ya presentados también otros acuerdos en el Poder Judicial y todo esto, por supuesto, que se afectaría a partir de los cambios legislativos”, indicó.