LONDRES (Reino Unido).- Una crisis política sin precedentes afronta el Reino Unido tras la decisión del Gobierno británico de suspender temporalmente el Parlamento, reduciendo el margen de maniobra de los diputados detractores de un «brexit» sin acuerdo.
La reina Isabel II refrendó hoy la petición del primer ministro, Boris Johnson, de paralizar temporalmente la Cámara de los Comunes durante cinco semanas, lo que apenas deja tiempo para tramitar iniciativas que bloqueen una salida abrupta de la Unión Europea (UE) en la fecha prevista del 31 de octubre.
La oposición y miembros del Partido Conservador han calificado esta decisión, que inhabilitaría la actividad legislativa entre el 10 de septiembre y el 14 de octubre, de «antidemocrática».
El líder tory Johnson ha fijado para esa fecha, cuando se abrirá la nueva legislatura, el llamado «Discurso de la reina», en el que la soberana lee un documento elaborado por el Gobierno que detalla sus planes para el siguiente ejercicio.
Todo ello, después de que los grupos opositores se reunieran ayer con el fin de explorar las vías posibles para evitar que el país deje la UE el 31 de octubre abruptamente – un escenario cada vez más probable-, incluida una moción de confianza.
El 3 de septiembre la Cámara de los Comunes abrirá sus puertas pero es probable que el lunes, día 9, los diputados tengan que abandonar sus escaños hasta nueva orden, lo que apenas deja margen de maniobra para quienes son contrarios a un divorcio sin consenso con Bruselas.
El Consejo Privado de la soberana británica anunció que cumplirá con la solicitud del Gobierno y suspenderá las sesiones del Parlamento «no antes del lunes 9 de septiembre y no más tarde del jueves 12 de septiembre».
Las cámaras cesarán su actividad durante unas cinco semanas, en lugar de las tres de receso que estaban previstas alrededor de esas fechas para facilitar las conferencias de los partidos británicos.
Johnson explicó a los parlamentarios sus intenciones en una carta, en la que aseguró que dispondrán de un «margen amplio» para poder debatir el «brexit» antes de la celebración del Consejo Europeo del 17 y 18 de octubre, que resultará clave para este país.
Negó que haya segundas intenciones en su nuevo calendario, pese a las criticas, bajo el argumento de que busca «sacar adelante una ambiciosa y valiente agenda legislativa» sobre la que podrán pronunciarse en octubre.
De hecho, puntualizó que su objetivo es lograr un posible tratado de «brexit» con Bruselas, lo que constituirá uno de los «temas centrales» y «prioritarios» en la agenda gubernamental.
El Parlamento tendrá la ocasión de votar sobre los planteamientos de la salida de Londres del bloque comunitario «los días 21 y 22 de octubre», una vez se conozca la decisión de Bruselas, según Johnson.
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Entre los críticos, destaca el líder de la Cámara de los Comunes John Bercow, pese a ser originalmente conservador y que tildó de «aberración constitucional» la decisión del primer ministro.
El líder del Partido Laborista, Jeremy Corbyn, se apresuró a escribir a la reina en un intento de que le reciba, para compartir con ella su criterio de que la posición del Ejecutivo es «inaceptable». «Es una amenaza a la democracia», aseveró.
Corbyn pidió apoyo a cerca de 120 tories e independientes en esta batalla, entre ellos al exministro de Economía Philip Hammond, quien ve inconstitucional impedir al Parlamento pedir cuentas al Ejecutivo y tachó de «profundamente antidemocrático» lo ocurrido.
El ex primer ministro conservador John Major también declaró a la BBC que su colega de formación pretende «esquivar a un Parlamento soberano que se opone a sus medidas».
Major, que ocupó el despacho de Downing Street entre 1990 y 1997, aseguró que buscará «asesoramiento» sobre la legalidad del movimiento de Johnson. También el conservador Dominic Grieve declaró que esta decisión es «profundamente cuestionable» y «bastante escandalosa».
La ministra principal de Escocia, la independentista Nicola Sturgeon, retó a Johnson a convocar elecciones generales antes del 31 de octubre y dijo que hoy era «un día negro para la democracia».
Al mismo tiempo, el Tribunal de Sesiones de Edimburgo anunció que se pronunciará entre mañana y el viernes acerca de si considera legal el cierre del Parlamento británico.
A inicios de este mes, un grupo de 75 diputados británicos firmó una demanda en la que solicitaba a la que es la corte de mayor rango de Escocia que dictamine si entra dentro de la legalidad clausurar la Cámara como, se temía ya entonces, haría el Gobierno británico.
En principio, el tribunal fijó una vista para el 6 de septiembre, pero ante los acontecimientos sucedidos acelerará su resolución.
Los obispos de la Iglesia de Inglaterra, que no suelen opinar sobre política, censuraron esta situación y alertaron del «gran impacto» que la salida del Reino Unido de la UE sin acuerdo puede provocar en los más desfavorecidos.
En cuestión de horas, una petición popular en contra de la clausura del Parlamento británico ha reunido más de medio millón de firmas, por lo que ha superado el umbral de 100.000 para ser debatida en la Cámara de los Comunes.
EFE/Almudena Domenech
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