La Asociación Nacional de Periodistas del Perú sostuvo una reunión con la delegación de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión (RELE) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en la que presentó la situación de la libertad de prensa en el país.
La delegación, encabezada por el relator Pedro Vaca Villarreal, visitó la sede institucional de la ANP en la que escuchó testimonios de periodistas de las regiones sobre la situación en que se ejerce la actividad informativa y el estado de la libertad de prensa en todo el territorio nacional.
Entre los temas de mayor énfasis, la ANP subrayó la proliferación de discursos estigmatizantes, la judicialización de periodistas, la necesidad de fortalecer los mecanismos de prevención de ataques y protección a periodistas, los ciberataques, el asedio a periodistas difundido en los últimos días, las restricciones de ingreso al Congreso, entre otros.
En representación de la ANP participaron Zuliana Lainez, presidenta; Renzo Chávez, secretario general y responsable Oficina de los Derechos Humanos del Periodista; Dr. Miguel Jugo, asesor legal; el periodista Ítalo Jiménez; Rosario Romaní, periodista ayacuchana que trabajó en radio Estación Wari y el diario La Calle, querellada y acosada digitalmente; Paul Pilco Dorregaray, periodista del diario Pregón de Abancay querellado por su labor profesional y Graciela Tiburcio, periodista de Lima ciberacosada luego de hacer destapes periodísticos en el portal Wayka.
Terminada la reunión de la RELE CIDH con la ANP, el relator Pedro Vaca realizó una visita a las instalaciones de ANP Radio, saludando la iniciativa de promover un medio de comunicación gremial, que hace las veces de radio comunitaria, para brindar vocería a las zonas territoriales que lo requieren.
Presentación de análisis gremial
La ANP entregó al relator un documento de trabajo en el que precisó que observa un grave contexto para el ejercicio libre del periodismo debido a ataques desde diferentes entidades del Estado. El documento precisa que “desde el Ejecutivo se ha normalizado el discurso estigmatizante contra periodistas y medios de comunicación que presentan posturas críticas, denuncian presuntos hechos de corrupción o difunden informaciones de legítimo interés público. Lo preocupante es que las expresiones vertidas por estas autoridades son generalizadas para todos los sectores del periodismo nacional. Esto, se suma a restricciones en coberturas periodísticas colocando cordones policiales para impedir que la prensa se acerque. al presidente o ministros durante algunas actividades oficiales”.
Respecto al Legislativo el informe señala que “actualmente tiene restringido el acceso de periodistas, fotoperiodistas y camarógrafos de prensa, radio, televisión y portales digitales al hemiciclo, el hall de los pasos perdidos, entre otras salas del Congreso de La República”. Asimismo, advierte “la presencia de propuestas que pueden contravenir el quehacer informativo como el dictamen del Proyecto de Ley 00565/2021-CR y Proyecto de Ley 6623/2020-CR, que busca fortalecer los procesos fiscales y judiciales especiales por colaboración eficaz, que penaliza a quien difunda información referente a los mismos”.
ANP interpondrá acción de amparo si no permiten ingreso de periodistas al hemiciclo
La ANP también puso el acento en la judicialización de periodistas, indicando que las figuras penales de delitos contra el honor son instrumentalizadas por personajes públicos y personas de sus entornos cercanos para querellar a quienes, aún con evidencias, cuestionan presuntos ilícitos y hechos de corrupción en las esferas de poder político, económico y fáctico.
Asimismo, la ANP precise que en los últimos meses el Ministerio Público ha iniciado prácticas hostigantes a periodistas que difunden información de interés público. El año pasado se intentó involucrar a 3 colegas de Moyobamba por difundir que un personaje público se acogía a la colaboración eficaz después que este lo anunciara abiertamente; en Puno un pedido fiscal intentó revelar la identidad de una fuente reservada. En enero, la Fiscalía allanó el domicilio de Pedro Salinas tratando de involucrarlo en un proceso judicial por colusión en agravio del Estado.
Finalmente, en el documento se señala que “algunos gobiernos regionales y municipios incurren en prácticas de opacidad al restringir la cobertura periodística a algunos periodistas y medios, o al no difundir los documentos de sus sesiones públicas en los portales de transparencia correspondientes”.