Es obligatoria y no solo una recomendación la resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), que requiere al Estado suspender el procedimiento de acusación constitucional contra cuatro magistrados del Tribunal Constitucional, señaló Carlos Rivera, director del Instituto de Defensa Legal (IDL).
“No es una recomendación, es una disposición del presidente de la Corte Interamericana Eduardo Ferrer Mac Gregor Poisot. Tiene que cumplirse obligatoriamente, ese es el sentido de la decisión”, mencionó.
Carlos Rivera desestimó la posición del titular del Congreso, Luis Galarreta, quien informó que “evaluarían” esta decisión pues el organismo supranacional debería ser respetuoso de la autonomía del Perú.
“La Convención Interamericana fue firmada por el Estado peruano. El Congreso es parte fundamental de uno de los tres poderes del Estado y ese tipo de decisiones son de obligatorio cumplimiento del conjunto y de todas las autoridades públicas del Estado peruano”, recalcó Carlos Rivera.
Advirtió que si el Congreso incumple con el mandato de la Corte Interamericana de Derechos Humanos se generaría “un nivel de responsabilidad internacional del Estado”.
Carlos Rivera indicó que el 2 de febrero será la audiencia de supervisión de cumplimiento del Caso El Frontón, día en que se evaluaría la conducta del Perú con respecto a lo decidido por este tribunal.
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