Si la justicia peruana no está a la altura de las circunstancias, acudiré al Sistema Interamericano de Derechos Humanos, el cual seguramente me dará la razón, afirmó el abogado y exprocurador Ronald Gamarra.
Fue al comentar la decisión del 35° Juzgado Penal de Lima, que dictará sentencia en el proceso penal por difamación agravada en su contra, en el marco de la querella presentada por la exintegrante del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), Luz Guzmán Díaz, debido a un artículo que publicó sobre ella en el semanario Hildebrandt en sus trece.
“Me han citado a una lectura [de sentencia] el día viernes, y habrá que esperar. Voy confiado en que finalmente pueda haber un cambio en la decisión de la magistratura, pero de lo contrario, estoy convencido de que existen otras instancias que nos darán la razón”, dijo en el programa No Hay Derecho de Ideeleradio.
“Si la justicia peruana no está a la altura de las circunstancias, el Sistema Interamericano de Protección a los Derechos Humanos seguramente nos la dará en su momento”, aseveró.
El exprocurador refirió que mencionó en su artículo a la exconsejera por ratificar en el cargo de fiscal a Mirtha Chenguayén, pese a que dicha magistrada le había iniciado una indagación.
“Primero, la consejera ratifica a la que investiga; y, luego, la fiscal ya ratificada archiva la investigación de la consejera que la ratificó. Termino [mi artículo en el semanario] ironizando sobre el tema y diciendo que ‘un favor por favor se paga’ y pido su destitución. Me ha denunciado por difamación agravada, porque supuestamente he dañado su honor y le he imputado haber cometido actos ilegales”, argumentó.
“Yo lo único que he hecho es recoger la información que existía en los medios, más la documentación que se tramitó en la Fiscalía y el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM)”, refirió.
El ex procurador adjunto sostuvo que nadie puede cuestionar que se comente, y en algunos casos, hasta se critique las decisiones y actuaciones de los funcionarios públicos respecto a hechos que son de interés público.
“Una fiscal, una consejera del Consejo Nacional de la Magistratura, pertenecen a instituciones básicas para el funcionamiento de la justicia en nuestro país. Nadie puede cuestionar que se inscriba, se comente e incluso se critique decisiones y actuaciones de funcionarios públicos”, puntualizó.
Finalmente, refirió que los funcionarios públicos, a diferencia de los particulares tienen un nivel de protección menor en lo que respecto a la protección de la libertad de expresión.
“Todos sabemos que los funcionarios públicos, a diferencia de los particulares, tienen un marco de protección menor, porque justamente lo que quiere la libertad de expresión— a través de las menciones en los tratados internacionales y las interpretaciones que sobre ellos han hecho las cortes internacionales— es que haya una crítica ciudadana respecto a la actuación de los funcionarios públicos”, finalizó.
“En este delito por proteger la libertad de expresión, claramente se señala que el agravio tiene que ser directo y sobre el cual no tiene que quedar duda”, puntualizó.