BRASILIA.- La presidenta brasileña, Dilma Rousseff, antes de regresar a Brasil después de participar durante los últimos dos días en una reunión de la ONU en Nueva York, pidió hoy al Mercosur y a la Unasur que «miren» con atención el proceso de apertura de un juicio legislativo en su contra.
En un encuentro con periodistas brasileños, luego de intervenir en el segundo día de la ceremonia de firma del Acuerdo de París sobre el cambio climático, Rousseff afirmó que «en Brasil está en curso un golpe, un golpe que ni sé de quién es, entonces me gustaría que el Mercosur y la Unasur mirasen ese proceso».
Para Rousseff, la crisis política por la que pasa Brasil propicia el «momento» para hacer uso de la Cláusula Democrática del Mercosur, en la que el bloque integrado además por Argentina, Paraguay, Uruguay y Venezuela garantiza la legitimidad de los procesos democráticos en esos países.
En ese sentido, la jefa de Estado aclaró que la idea no es retirar a Brasil del bloque, como también estipula ese mecanismo, pero si realizar «una evaluación del asunto, como nosotros siempre lo hicimos» en otros casos, como el del proceso que retiró del poder en el 2012 al expresidente paraguayo Fernando Lugo.
Rousseff se apartó del cargo por dos días, período en el que asumió su vicepresidente Michel Temer, acusado de «conspiración» por la propia mandataria.
Temer forma parte del Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB), la más numerosa en el Congreso y que en marzo rompió filas con la base oficialista para apoyar la apertura de un juicio político con fines de destitución contra Rousseff.
El jefe de los Diputados, Eduardo Cunha, también del PMDB y contrario a Rousseff, incluso desde mucho antes de que ese partido se retirara del oficialismo, fue quien comandó en la Cámara Baja el proceso del eventual juicio.
La Cámara de Diputados, con 367 votos a favor, 137 en contra, siete abstenciones y dos ausencias, consiguió el domingo pasado más de los dos tercios del plenario para aprobar la apertura del juicio, una decisión que ahora deberá ser ratificada por la mayoría simple (41) del Senado.
En ese caso, Rousseff se apartaría por 180 días para su defensa, Temer asumiría y, en caso de ser declarada culpable por los dos tercios del Senado (54 votos), la Cámara Alta deberá entonces decidir si el presidente encargado termina el mandato hasta el 1 de enero de 2019 o si se convoca a unas nuevas elecciones.
El lunes, se instalará en el Senado la Comisión Especial de 21 legisladores, con sólo cinco del oficialismo, que analizarán los documentos del proceso remitidos por la Cámara Baja.
La gobernante es acusada de realizar maniobras fiscales para maquillar el informe de cuentas públicas en la gestión de 2014 y 2015.
Antes de retomar al poder en Brasilia, Rousseff manifestó que confía en las instituciones del país.
«Las instituciones son obras humanas. Nosotros tenemos instituciones cada vez más fuertes. Podemos comprometer esas instituciones, pero jamás destruirlas. Comprometerlas sí podemos», evaluó la mandataria.
En su paso por Estados Unidos, la gobernante manifestó que es «víctima de un proceso ilegal, golpista y conspirador» y por eso comparecerá al Senado para su defensa en compañía de los ministros de Justicia y Hacienda.
«Mi mandato es garantizado por 54 millones de votos del pueblo», resaltó Rousseff, quien descartó nuevamente que vaya a presentar su renuncia o convocar a nuevas elecciones.
Así, Rousseff justificó: «no estoy en contra, de ninguna manera, de las elecciones, pero una cosa es la elección directa con votos secretos de las personas y el pueblo brasileño participando. Ahora tengo el derecho a defenderme. No soy apegada al cargo, pero tampoco acuso a nadie de golpista si se propone una elección directa».