La incontrolable ola de inseguridad y violencia en el país es cada vez más insostenible. Extorsiones, cobro de cupos y secuestros al paso, son solo algunas de las consecuencias de la falta de un plan de seguridad ciudadana que frene con esta guerra criminal desatada entre delincuentes peruanos y venezolanos.
El impacto social generado por esta “guerra” que se realiza en los márgenes de los distritos de La Victoria y El Agustino es grave, y coloca en evidencia la disfuncionalidad de las instituciones democráticas y la ineficacia de las normas.
Hace más de un mes se otorgó facultades a este gobierno para enfrentar la inseguridad ciudadana. Hoy solo vemos declaratorias de emergencia sin mayores resultados. El ministro del Interior tiene que responder ante el Congreso y enfrentar una posible censura frente a su inacción. pic.twitter.com/6tCPzIvJ40
— Sigrid Bazán (@sigridbazan) November 2, 2023
“La conmoción social que puede generar un panorama caótico donde las órdenes son realizadas por grupos delincuenciales y no por el Estado, hace que la reacción de la ciudadanía sea la de imponer respeto. Sin embargo, esta reacción debe ser controlada, reprimiendo a los malos elementos extranjeros que contaminan la buena voluntad de la gente de bien”, mencionó Juan Castañeda Méndez, docente de la Escuela de Derecho de la Universidad César Vallejo, campus Trujillo.
Según cifras oficiales de la Policía Nacional del Perú (PNP), solo en el primer trimestre del año se registraron más de 26,500 robos, lo que significa un aproximado de 296 robos ejecutados diariamente.
#GlatzerTuesta: Ayer #PatriciaBenavides fue por Gamarra para, según ella, combatir la inseguridad ciudadana. ¿Sirve de algo que la fiscal de la nación vaya a Gamarra cuando en el Ministerio Público están deshaciendo el equipo que investiga los #CuellosBlancos? pic.twitter.com/8xgi1CDfRf
— Ideeleradio (@ideeleradio) November 3, 2023
Pero, sin duda, el video que se viralizó en redes sociales con la respuesta de los integrantes de la autodenominada banda de “Los Gallegos”, ha causado mayor temor entre la ciudadanía, sobre todo por la exposición de armamento que muchas veces ni la PNP usa durante sus intervenciones.
Frente a ello, el Dr. Castañeda Méndez, acotó: “Este armamento obtenido en el mercado negro se logra no por una falta de regulación, sino por la falta de políticas de seguridad de control sobre el armamento tanto para su acceso corrupto y la impunidad en su uso”.
¿Qué ha hecho el gobierno de Dina Boluarte en UN MES de haberle delegado facultades para legislar en materia de seguridad? NADA. Inseguridad ciudadana y crisis económica es lo que tenemos. Una vergüenza el descaro detrás de estas declaraciones. https://t.co/73lIW8SJLq
— Sigrid Bazán (@sigridbazan) November 2, 2023
Finalmente, el especialista recomendó tomar medidas focalizadas, generando espacios de investigación, sanción y, sobre todo, las deportaciones de aquellos ciudadanos con antecedentes policiales. Sobre el uso de motocicletas, el principal vehículo de transporte asociado a este tipo de actos vandálicos, sugirió el registro titular y de monitoreo, porque la prohibición del uso de la misma iría contra el derecho al trabajo de muchas personas que hacen uso de las motos.
Texto: WSV / NdP
Foto: Agencia Andina
Videos: Twitter Sigrid Bazán
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