CIUDAD DE PANAMÁ.- Unos 100 sindicalistas protestaron hoy en la capital de Panamá en contra de la corrupción y la impunidad que empaña los diferentes poderes del Estado, ante la antesala de la ratificación de dos nuevas magistradas del Supremo panameño.
«Protestamos en contra de Órgano Ejecutivo, Judicial y Legislativo. La corrupción los ha carcomido y es necesario que denunciamos está situación», dijo a Efe Saúl Méndez, secretario general del Sindicato Único de Trabajadores de la Construcción y Similares (Suntracs).
El movimiento se instaló para protestar en las inmediaciones de la Asamblea Nacional (AN-Parlamento), en donde la Comisión de Credenciales Parlamentarias efectúa las sesiones de participación ciudadana para la ratificación de las abogadas Ana Lucrecia Tovar de Zarak y Zuleyka Moore como magistradas de la Sala Primera Civil y de la Sala Segunda Penal, respectivamente, de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).
En ese sentido, Méndez señaló que con las dos personas propuestas como magistradas por parte del Ejecutivo, representan las mismas acciones que otros gobiernos en turno.
«No cabe duda que el control del Órgano Judicial es para exonerar a los corruptos de todos los partidos, empresarios y banqueros que robaron al erario público», dijo el activista.
Por lo que reclamó por la impunidad que se percibe en la sociedad por los actos de corrupción conocidos, en los que los involucrados quedan exonerados por las leyes y jueces.
«No hay duda que ambas magistradas serán ratificadas, lo que evidencia como está la situación institucional», exclamó el dirigente de la clase obrera del país.
La Asamblea Nacional instaló el pasado 20 de diciembre las sesiones extraordinarias para ratificar a 4 magistrados a la Corte Suprema de Justicia nominados por el presidente del país, Juan Carlos Varela, y su consejo de ministros.
El consejo de ministros aprobó igualmente los nombramientos de los abogados Luis Camargo y Katia del Carmen Di Bello Becerra como magistrados suplentes por un período de 10 y 8 años, respectivamente.
Panamá vive años de convulsión por el destape de decenas de casos de supuesta corrupción que involucran a exfuncionarios, empresarios y particulares.
La inconformidad se centra por la actuación de los tribunales y de la Fiscalía frente a los casos de corrupción que involucran a personalidades de alto perfil, varios de ellos relacionados con Odebrecht.
El caso de los sobornos de Odebrecht, unos 788 millones de dólares repartidos en una docena de países de América Latina y África según admitió la empresa ante la justicia de EEUU, involucra a decenas de funcionarios, exfuncionarios y empresarios y ha propiciado investigaciones inéditas en la región.
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