La presidenta del Poder Judicial, Janet Tello Gilardi, exhortó al Congreso agendar y debatir en el Pleno de manera urgente el dictamen que crea el Sistema Nacional de Justicia Especializado en Flagrancia e implementa las Unidades de Flagrancia Delictiva a nivel nacional, para acelerar los procesos y enfrentar con celeridad y eficacia a la delincuencia.
Como se recuerda, el pasado 12 de marzo la Comisión de Justicia y Derechos Humanos del referido poder del Estado aprobó, por amplia mayoría, el dictamen que crea esta Ley con 18 votos a favor, uno en contra y cuatro abstenciones.
Tello Gilardi consideró que es urgente dotar a las juezas y jueces del país de esta herramienta legal, debido a los altos niveles de inseguridad que sufre la ciudadanía y que requieren una respuesta rápida por parte de los operadores del sistema de justicia.
“El Congreso tiene en sus manos la posibilidad de dotarnos de mecanismos legales, a través de la aprobación de una Ley que establezca la obligatoriedad, participación e intervención de todos los entes estatales y operadores de justicia, para que este mecanismo sea absolutamente eficaz frente a la ola delincuencial”, agregó.
La magistrada añadió que entre las juezas y jueces existe el compromiso para seguir manteniendo un servicio de administración de justicia que sancione de manera ejemplar a aquellos delincuentes que han sido sometidos a un debido proceso y cuentan con todos los elementos probatorios para su sanción.
DICTAMEN APROBADO
De acuerdo con el texto aprobado por la Comisión de Justicia, el Sistema Nacional de Justicia Especializado en Flagrancia Delictiva tiene el propósito de garantizar una respuesta oportuna y eficiente a los delitos flagrantes a través de las unidades especializadas a nivel nacional.
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Asimismo, indica que el sistema estará compuesto por el Consejo Nacional de Justicia Especializado en Flagrancia Delictiva (CNJEFD) y los comités distritales de justicia especializados en flagrancia delictiva.
El dictamen, además, considera estará presidido por la/el titular del Poder Judicial o un representante de esta institución, e integrado por el Ministerio Público, los ministerios del Interior, de Justicia y Derechos Humanos, y de Economía y Finanzas; Policía Nacional e Instituto Nacional Penitenciario.
Una de las funciones de este Consejo, según la propuesta aprobada en la citada comisión parlamentaria, es conducir, planificar, organizar, supervisar y evaluar la implementación y el funcionamiento de las unidades de flagrancia delictiva a nivel nacional, y podrá realizar inspecciones para verificar su adecuado funcionamiento.
ÓRGANOS ESPECIALIZADOS
Además, los titulares o el órgano de gobierno competente de las instituciones que conforman el sistema dispondrán la creación de órganos especializados en flagrancia delictiva a exclusividad (órganos jurisdiccionales, despachos fiscales, defensores públicos y policía especializada), para la atención de los procesos en flagrancia delictiva, bajo responsabilidad funcional.
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También indica que la implementación de las unidades de flagrancia es progresiva y se realiza conforme al plan y cronograma que apruebe el Consejo Nacional de Justicia Especializado en Flagrancia Delictiva.
De igual modo, este despliegue debe priorizar, de forma articulada, los distritos judiciales y distritos fiscales con mayor incidencia delictiva y con mayor carga procesal.