La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso archivó la Denuncia Constitucional 132 interpuesta por la exfiscal de la Nación, Zoraida Avalos, en contra del expresidente Manuel Merino y otros por las muertes ocurridas durante las manifestaciones de noviembre de 2020.
Con voto dirimente de la presidenta de la subcomisión, Rosio Torres, se archivó la denuncia constitucional luego de que el congresista delegado Alejandro Cavero (Avanza País) expuso el informe final sobre el tema.
Los siete congresistas que votaron a favor del archivamiento fueron Rosio Torres, Alejandro Cavero, Martha Moyano, Ernesto Bustamante, Hernando Guerra-García, Wilson Soto y Alejandro Muñante.
Votaron en contra Segundo Quiroz, Edgard Reymundo, María Taipe, Paul Gutiérrez, Alfredo Pariona, Jorge Flores y José Jerí. En abstención votó María Acuña.
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El informe final presentado por el congresista Cavero recomendó el archivo de la denuncia constitucional interpuesta por la Fiscalía de la Nación en contra de el expresidente Manuel Merino, el exjefe de Gabinete Ántero Flores-Aráoz y el exministro del Interior Gastón Rodríguez, por la presunta comisión por omisión del delito de homicidio, lesiones graves y lesiones leves, contra Inti Sotelo, Bryan Pintado, Fermín Cruz y otros.
En la exposición de su informe, el congresista indicó que no se puede concluir que los tres imputados tengan relación a los hechos de violencia generados por efectivos policiales en específico, ya que no existieron órdenes concretas ni una cadena de mando legal-administrativo específico.
“Estos (los imputados) nos tenían poder de decisión sobre las acciones de la PNP, no estando probada tampoco la acción de la PNP, no hicieron ni dejaron de hacer acción alguna que llevara a estos lamentables fallecimientos, no tuvieron esa opción y, por ello, no puede atribuirse la comisión por omisión de los delitos de homicidio o lesiones”, afirmó.
En ese sentido, precisó que debe continuar la actual denuncia penal formalizada en octubre de 2021 por la Primera Fiscalía Penal Supraprovincial de Lima Especializada en Delitos de DDHH contra 11 oficiales de la Policía por sus acciones personales.
“Este informe final ni la decisión que tome esta subcomisión pretende obstaculizar ni sesgar la decisión que se deberá tomar en sede judicial en la Corte Superior Nacional de Justicia Penal Especializada respecto a este caso”, agregó.
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Asimismo, manifestó que es poco probable que la Policía haya causado la muerte de Inti Sotelo y Bryan Pintado, porque, según la pericia de la Fiscalía, no se ha encontrado evidencia de que la Policía haya utilizado perdigones de plomo en ningún momento.
“La distancia en la que se encontraba la policía hace prácticamente imposible de que la policía haya podido disparar los perdigones de plomo debido al lugar en el que se encontraban los fallecidos. Uno de ellos en la av. Nicolás de Piérola con Lampa y el otro en Nicolás de Piérola con Abancay”, argumentó según su informe.
ANDINA