La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC) del Congreso que preside la congresista María Acuña Peralta (APP), debatió y votó tres informes finales por supuestas infracciones a la Constitución Política, en las que habrían incurrido un exministro, una excongresista y tres exfiscales supremos.
El grupo de trabajo aprobó por mayoría el informe final que propone acusar al ex ministro de Vivienda y Construcción y de Transportes y Comunicaciones, Geiner Alvarado López e inhabilitarlo por diez años para ocupar un cargo público.
En otro momento, aprobó por unanimidad el informe final que se pronuncia por el archivamiento de la denuncia contra la excongresista Luciana León Romero por supuesto enriquecimiento ilícito, al no demostrarse los motivos de las acusaciones.
Exministro de Transportes
En la sesión fue aprobado el informe final de la DC 289 interpuesta por la congresista Patricia Chirinos en contra del exministro Alvarado López, por presunta infracción al artículo 39 de la Constitución en agravio del Estado.
El congresista delegado Víctor Flores Ruiz (FP), recomendó acusarlo por supuestamente haber actuado en contra del artículo 39 de la Constitución al refrendar DU 102- 2021, que dicta medidas extraordinarias para la ejecución de gasto público en inversiones destinadas al financiamiento de proyectos de saneamiento, infraestructura vial y equipamiento urbano.
Varios distritos de Cajamarca, entre ellos Anguía (Chota, Cajamarca), se benefició con recursos del Estado, en particular donde residen familiares del expresidente Pedro Castillo.
El parlamentario planteó la imposición de su inhabilitación de diez años en el sector público. Puesto al voto, fue aprobado por mayoría por 13 votos a favor; dos en contra y dos abstenciones.
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Caso León Romero
La exparlamentaria fue acusada por la ex fiscal Nación, Patricia Benavides, supuestamente actuar en contra de la administración pública en la modalidad de enriquecimiento ilícito agravado.
El informe final de la DC 432, sustentado por el congresista delegado Jorge Coayla Juárez (JPP-VP), no encontró suficientes pruebas y, por lo tanto, no existe demostración de las acusaciones. Puesto al voto, la aprobación fue unánime.
También fue aprobado, por mayoría, el informe final de la DC 354, interpuesta por la ex fiscal de la Nación, Patricia Benavides Vargas, contra los ex fiscales supremos Víctor Raúl Rodríguez Monteza y Pedro Gonzalo Chávarry Vallejos, por la presunta comisión del delito contra la tranquilidad pública.
El congresista delegado Flavio Cruz Mamani (PL), recomendó su acusación, lo que en votación obtuvo ocho votos a favor, siete en contra y dos abstenciones.
Admisión a trámite
De otro lado, fueron aprobadas su admisión a trámite las propuestas de calificación de dos denuncias constitucionales.
Una fue la interpuesta por la congresista Chirinos Venegas en contra de Pedro Francke Ballvé y Mirtha Vásquez Chuquilín; exministro de Economía y Finanzas y expresidenta del Consejo de Ministros, respectivamente, por supuesta infracción a la Constitución y la posible comisión de los delitos de organización criminal y patrocinio ilegal.
También fue aprobada para su admisión a trámite, con ocho votos a favor, seis en contra y dos en abstención, el informe de calificación de la DC 426, interpuesta por la congresista Ruth Luque Ibarra (BDP), a la que se sumó la congresista Isabel Cortez Aguirre (PP), contra la ex fiscal de la Nación, Patricia Benavides Vargas, por infracción a la Constitución y la posible comisión de los delitos de organización criminal y tráfico de influencias.
La Subcomisión, también, desestimó la DC 485 interpuesta por el ciudadano Marcial Agüero Aparicio en contra del congresista Darwin Espinoza Vargas (PP), por la presunta comisión de los delitos de abuso de autoridad, coacciones y peculado de uso. Fue declarada improcedente por falta de elementos necesarios. Fue por mayoría con 11 votos a favor y tres abstenciones.
Igual sucedió con la DC 530, interpuesta por Martín Príncipe Salgado, contra el ex fiscal de la Nación (i), Juan Carlos Villena Campana, por la presunta comisión de los delitos de prevaricato. El informe fue aprobado por mayoría con 14 votos y dos en contra.
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Audiencia
Antes, se llevó a cabo la audiencia pública de la DC 390, interpuesta por la ex fiscal de la Nación, Patricia Benavides Vargas, contra el congresista Edgar Tello Montes (PP), por el presunto delito contra la administración pública en la modalidad de tráfico de influencias agravado.
En representación del Ministerio Público, el fiscal Marcial Eloy Páucar, acusó al congresista Tello Montes de tráfico de influencias porque supuestamente haber recibido víveres del alcalde de San Juan de Lurigancho, Álex Gonzáles, para distribuirlo en el distrito a cambio de ayudarlo a ganar una licitación.
El abogado del parlamentario, David Manuel Mujica Castillo, calificó las denuncias de incoherentes y falsas, sobre las que no había pruebas.
La presidenta de la SAC le dio un plazo de cinco días al congresista delegado Esdras Medina Minaya (RP) para la elaboración del informe final.
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