La Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil), responsable de vigilar los derechos laborales de los peruanos, dejaría de atender diariamente a 500 personas si se concreta el desalojo de sus trabajadores del segundo piso de la sede del Ministerio de Trabajo.
El desalojo, que ha sido postergado por falta de garantías, se produciría a través de una medida cautelar y con el apoyo de la Policía Nacional, y sería un intento más del Poder Judicial por ocupar este espacio, de propiedad del Ministerio de Trabajo, indicaron voceros de Sunafil.
Añaden que los más de 600 funcionarios de la entidad en Lima se verían perjudicados al quedarse sin lugar de trabajo, afectando a su vez, la atención y el trámite de los 40 mil expedientes que actualmente se encuentra en proceso en la Sunafil.
Trabajadores de #Sunafil en frontis del ministerio ante amenaza de desalojo por parte del @Poder_Judicial_ pic.twitter.com/T82IfdZmZE
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Explicaron que esta medida cautelar de desalojo que pretendería ejecutar el 23 Juzgado Civil de Lima -a cargo de la jueza Hilda Sancarranco Cáceda– sería ilegal, pues de acuerdo con el Decreto Legislativo N° 1192 (artículo 41.10) toda medida administrativa o judicial relativa a bienes estatales no debe afectar la prestación de servicios públicos o el ejercicio de funciones públicas.
Ante esta situación, los trabajadores de Sunafil y del Ministerio de Trabajo, liderados por el superintendente, Carlos Benites Saravia, hicieron un llamando al presidente del Poder Judicial, Víctor Ticona, a fin de que se desista de este accionar.
Andina
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