BRASILIA.- La Corte Suprema de Brasil aceptó hoy una denuncia contra el senador y expresidente Fernando Collor de Mello (1990-1992) por los supuestos delitos de corrupción, lavado de dinero y asociación ilícita en un caso relacionado con la trama de corrupción en Petrobras, informaron hoy fuentes judiciales.
La segunda sala del máximo órgano de la Justicia brasileña aceptó por unanimidad la denuncia presentada por la Fiscalía en la que se acusa a Collor de recibir 29 millones de reales (unos nueve millones de dólares) en supuestos sobornos derivados de la red corrupta destapada en el seno de la petrolera estatal.
La Fiscalía asegura en la demanda que el senador, del Partido Laborista Cristiano (PTC), recibió ese montante a cambio de su supuesta influencia política en BR Distribuidora, subsidiaria de Petrobras en la venta de combustibles.
Los magistrados de la segunda sala siguieron el parecer del instructor del caso Petrobras en el Supremo, el magistrado Edson Fachin, quien entendió que la denuncia contiene indicios legales que autorizan la apertura de una acción penal contra el exmandatario.
La denuncia además da por comprobado que Collor compró con parte del dinero de los sobornos autos de alta gama, entre ellos un Lamborghini, valorado en un millón de dólares, un Ferrari, un Bentley y dos Land Rover.
En julio 2015, dichos vehículos fueron confiscados por las autoridades en la residencia particular del senador en Brasilia y devueltos en octubre de ese año, aunque con la prohibición de usarlos.
A pesar de aceptar la denuncia, los magistrados del Supremo descartaron otras acusaciones contra Collor en el mismo proceso, como los de desvío de dinero público y obstrucción a la justicia, por supuestamente impedir las investigaciones.
El senador dijo en un comunicado que la decisión del Supremo supone «una primera derrota para la Fiscalía», pues, de los nueve denunciados, sostiene, solo aceptó los cargos contra «tres de ellos -incluido él- y aun así solo en parte, rechazando cinco de los ocho delitos imputados».
Collor, que renunció a su mandato en 1992, un día antes de que el Senado lo destituyera por un caso de supuesta corrupción, añadió que los magistrados del máximo tribunal repudiaron los «excesos de la acusación» y reflejaron, desde su punto de vista, «el absurdo de la multiplicación de acusaciones con relación a un mismo hecho».
A partir de ahora, la defensa del expresidente podrá presentar pruebas de inocencia y solo al final del proceso, cuando se celebre el juicio, se dictaminará una sentencia con la eventual condena o absolución por los hechos que le imputan.
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