El Tribunal Constitucional ordenó al Gobierno de Dina Boluarte responder si suscribirá la Declaración de Chapultepec que establece principios de la libertad de prensa y expresión. Esto tras declarar fundada en parte la demanda competencial que presentó en 2022 el entonces defensor del Pueblo Walter Gutiérrez contra el Ejecutivo liderado por Pedro Castillo.
Gutiérrez formuló la demanda luego de que la gestión de Castillo no respondiera las recomendaciones formuladas por la Defensoría sobre la libertad de expresión y la idoneidad de los funcionarios que designaba el Gobierno.
En la sentencia el TC concluye que todas las instituciones del Estado están en la obligación de responder las comunicaciones de la Defensoría, incluidas las recomendaciones, pero no están en el deber de acatarlas.
Sostener que los pronunciamientos de la Defensoría tienen carácter vinculante, dicen los magistrados, atentaría contra la autonomía y separación de poderes. “Una recomendación no puede tener carácter vinculante, ni las autoridades o entidades públicas se encuentran sometidas al defensor del pueblo, por muy loables que sean sus recomendaciones”, se lee en el fallo.
Texto: WSV
Foto: Composición
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